Locales. El diputado Basteiro responsabilizó a Lunghi por las secuelas del desalojo

El diputado nacional por "Nuevo Encuentro", Ariel Basteiro, culpó ayer al municipio de Tandil por los desalojos en la toma de La Movediza, y dejó entrever una posible "connivencia" entre el lunghismo y la Justicia local para acelerar el desplazamiento de personas en situación de carencia.

Asimismo, el dirigente alineado al kirchnerismo, se comprometió a realizar gestiones ante el subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo, en tanto podría presentar un pedido de informes en la Cámara Baja, para clarificar los términos en que el intendente impulsó los desalojos en el Plan Federal.

Asesorado por Osvaldo Maestrojuan (PS), Basteiro empezó a nacionalizar las repercusiones del conflicto habitacional en nuestra ciudad, mientras la Comisión de Toma y Posesión, con Gustavo Bravo a la cabeza, elevó una carta a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para solicitar una solución urgente al diferendo.

"Lamento que la gestión municipal, en vez de tratar de resolver el panorama a estas familias en situación casi de calle, con necesidades básicas, utilicen el camino de la denuncia y el pedido de desalojo", descargó el legislador de NE, al programa "Cada Mañana", de AM 1560.

Así responsabilizó al Estado comunal por el trasfondo de la cuestión habitacional, en tanto defendió a la Nación y Bontempo, que "inició la tramitación para cerrar este proceso, y si no se pudo avanzar más, es por la falta de voluntad del intendente Lunghi", disparó Basteiro.

La administración radical -opinó Basteiro- "busca politizar y llevar la situación a una puja entre Nación y municipio, tratando de encontrar un rédito político sin darse cuenta que en el medio hay chicos, familias y mujeres, es lamentable".

El diputado dijo que trabaja por una solución "no sólo para estas dos familias desalojadas sino como al resto. Tomaron terrenos y casas cuya entrega estaba frenada", deslizó.

Luego fue más allá sobre el proceso de adjudicación, al que calificó como "de dudosa transparencia".
Asimismo, Basteiro recalcó que intervino el Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner en el caso de La Movediza, cuando "el municipio debiera ser quien se ocupe, y no que tengamos que intervenir desde Buenos Aires".

Más tarde, ratificó que el asunto "está politizado porque Lunghi pertenece a un partido diferente al de la Nación, se avecina un proceso electoral y quizás especulan con eso, llama la atención que Lunghi haya sido tanto solícito y colaborador con los ilegales cortes de ruta (campo, en el conflicto de la 125), y ahora persigue a las familias que nada tienen".

El referente de la Cámara Baja se manifestó en contra de la dinámica que le impuso el fiscal (N. de la R: y el Juez de Garantías) para librar la orden de desalojo. Para Basteiro, la UFI "debiera haber analizado las consecuencias de la medida, y cómo estas familias quedan sin hogar ni techo, con sus hijos menores a cargo. Llama la atención que la Justicia acelere los tiempos cuando puede quedar perjudicado el que menos tiene, y son más prudentes cuando hay que ir contra los sectores del poder".

En ese tren, Basteiro no descartó la existencia de una "connivencia entre el poder político y judicial" para motorizar decisiones de esta naturaleza.

"El conflicto central es darle respuesta al problema habitacional de las personas desalojadas. Seguramente, desde la Cámara de Diputados, presentaremos un pedido de informes, para que nos den respuesta sobre la actitud de la Intendencia y el fiscal", argumentó el entrevistado.

OTRA REUNION VECINAL Y RESISTENCIA

Ayer a la tarde, los vecinos resistieron a la directiva de la comuna para derribar una de las viviendas y la topadora que intentaba ingresar al terreno, no pasó ante la firme decisión vecinal que amagó con convertir el episodio en un hecho de violencia, algo que afortunadamente no pasó.

Cerca de las 18 los vecinos nucleados en la Comisión de Toma y Posesión, volvieron a mantener una reunión en Azucena y Los Crisantemos, con vistas a ratificar la "resistencia" a nuevos desalojos, bajo consignas duras como la persistencia en los inmuebles ocupados "cueste lo que cueste".

Bravo aseguró ayer que la salida al conflicto es de tipo "política", en tanto "nosotros nunca quisimos enfrentarnos a la Justicia. Pero en 40 días, hay otra familia que fue intimada a abandonar la casa que construyó sobre un terreno" fiscal, corrimiento que los habitantes de la zona desechan de plano.

"Esto se coció entre dos o tres personas, sin un Defensor Oficial, donde Lunghi, el fiscal y el juez de Garantías acordaron el desalojo", fue la queja de la comisión de Toma.

Asimismo, denunciaron que el lunes por la noche, el Ejecutivo trasladó a La Movediza, en combi, a un grupo de vecinos de Villa Aguirre, cuyas viviendas corren riesgo de derrumbe por la existencia de minas subterráneas. Esa visita -para los ocupantes- implica "jugar con los que menos tienen", ya que "están viendo como pueden hacerlos entrar en el plan de 200 viviendas".

"Cueste la cabeza de quien cueste, esto debe resolverse desde el plano político", reiteraban los militantes sociales a manera de reclamo.