10 de septiembre de 2023
Juan Ignacio Ugalde es el titular de la firma Duppini Comunicaciones, y se adjudicó la Licitación Pública
01-01-2020, para la provisión del "servicio integral de transmisión de datos
digitales para la Red Interna Municipal, incluyendo instalación y provisión del
equipamiento necesario, puesta en funcionamiento y mantenimiento del servicio
para los nodos y el servicio de acceso a internet para dependencias
municipales", por un plazo de 2 años, por un monto de 6.202.272 pesos. La adjudicación se concretó mediante el Decreto 1608/2020, con la firma del
Intendente Miguel Lunghi y su Jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, publicado en el
Boletín Oficial en julio de 2020.
Sin embargo, el correspondiente proyecto de ordenanza para
la convalidación de la contratación no se habría elevado al deliberativo, e
incluso, luego de la caducidad del contrato, en 2022, el gobierno lo prorrogó, con
el mismo prestador, también sin el aval formal del Concejo Deliberante.
Por ello causó bastante polémica en los sectores de la
oposición, cuando a principios de agosto pasado, llegó al Concejo Deliberante la
solicitud del tratamiento del proyecto de ordenanza en el que se reconoce "una
deuda por servicios prestados por el proveedor Juan Ignacio Ugalde, en los
ejercicios 2020, 2021 y 2022", en tanto también se solicita "formalizar el acto
administrativo de prórroga de contrato adjudicado y su respectivo adicional por
el período que finaliza el 31 de diciembre de 2023".
El expediente 484-2020, fue girado a la Comisión de Economía
y Producción que preside la oficialista Maridé Condino, y se espera que esta
semana haya nueva reunión, aunque no está confirmado que este tema esté
incluido dentro del Orden del Día, debido a la reacción que generó el tema en el seno del Concejo.
De acuerdo a lo que LA VOZ DE TANDIL pudo averiguar, el
Ejecutivo municipal reconoce una deuda con Duppini Comunicaciones de 123.596 pesos por el
ejercicio 2020; 741.576 pesos por el 2021; y 2.061.806 pesos por el 2022. A eso
debe sumarse la suma de 3.910.128 pesos, por el período 2023, en la prórroga
del contrato, aun sin convalidación del Legislativo, y que se extiende hasta
diciembre de este año.
Rechazo de los
bloques opositores
Tanto dentro de Unión por la Patria como en el bloque
PRO/MID, el proyecto de ordenanza y el reconocimiento de deuda con el
mencionado proveedor, generaron malestar, debido a que se trata de un
expediente del que los concejales no tenían conocimiento y algunos de ellos
argumentan que la adjudicación realizada en julio de 2020, debería haber pasado
por el Concejo Deliberante antes de confirmarse la contratación, algo que,
cuestionan, recién aparece tres años después, con prórrogas ya resueltas y una
abultada deuda con la empresa prestataria, incumpliendo lo que ordena la Ley
Orgánica de las Municipalidades y con una potencial intervención del Tribunal
de Cuentas de la provincia.
De hecho, los dos bloques nombrados ya tendrían decidido no
convalidar con su voto el proyecto de ordenanza elevado por el gobierno, e
incluso, algunas fuentes deslizan que hay dudas sobre la postura que asumirán
los concejales Oscar García Allende y Rosana Florit, quienes responden al
nicolinismo, sector donde tampoco habría caído bien la novedad.
Incluso, integrantes de la comisión de Producción y
Economía, solicitarán la comparecencia en la próxima reunión, del Secretario de
Economía, Claudio Biset; de su par de Legal y Técnica, Andrés Curcio; y del
Subsecretario de Innovación Tecnológica, Matías
Ibarra, para pedir explicaciones por la acumulación de deuda, la no convalidación
de contratación y prórroga; y trasladar inquietudes sobre el servicio,
especialmente, en la zona rural.
Con este panorama, cuando el tema llegue al recinto para ser
tratado en sesión, fecha que aún es una incógnita, seguramente generará un agrio
debate entre oposición y oficialismo, que, dependiendo de la postura que asuman
los concejales que responden a Marcos Nicolini, podría no alcanzar la mayoría
para aprobar el proyecto.
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