Nacionales. El Estado no podrá ser querellante por la tragedia de Once

La Cámara Federal porteña anuló la decisión del juez federal Claudio Bonadío que admitía al Estado nacional como querellante en la causa por la tragedia de Once, donde en un accidente ferroviario murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
Asimismo, la Cámara ratificó que Bonadío seguirá al frente de la investigación, ya que rechazó una recusación que había planteado el abogado Gregorio Dalbón.
La Sala Segunda de la Cámara consideró que la decisión de aceptar al Estado como querellante fue adoptada "mediante escasas, genéricas y contradictorias afirmaciones", pero "soslayando las exigencias" del Código Procesal para este tipo de tramitaciones.
"El instructor (Bonadío) se limitó a señalar que la legitimación del Estado Nacional deriva de su condición de titular de los bienes materiales afectados a la concesión y de su rol de garante de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros", dijeron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Para la Cámara, "en rigor de verdad y sentido común mediante, esas mismas cualidades son las que se alzan como obstáculos para otorgarle la facultad de actuar como querellante en el proceso, con lo cual toda decisión tendiente a superarlos debe hallarse precedida de un adecuado análisis".
La decisión no excluye en forma definitiva la posibilidad de que el Estado sea querellante, sino que le exige a Bonadío que explique adecuadamente por qué debe revestir esa condición.
Pese a la dureza de la resolución que dispone la nulidad, el tribunal rechazó un planteo de recusación que el abogado querellante Dalbón había planteado contra el juez Bonadío.
Ello significa que el magistrado seguirá al frente de la investigación.
La tragedia de Once se produjo el 22 de febrero pasado cuando un tren de la línea Sarmiento no pudo frenar en el ingreso a la estación, por causas que se investigan, y se estrelló contra el paragolpes de la terminal.
Producto del impacto murieron 51 personas murieron y 703 resultaron heridas.
El entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, renunció dos semanas después, aunque en el gobierno defendieron su actuación en el área.
El 30 de marzo dos sobrevivientes de la tragedia pidieron la indagatoria de Schiavi, otros funcionarios, y de los titulares de TBA, Claudio y Mario Cirigliano.
La presentación fue realizada por Natalia Julieta Barrio y Oscar Marcelo Caballero, quienes acusaron a funcionarios y empresarios por el "delito contra la seguridad de los transportes".
Los sobrevivientes, patrocinados por los abogados Horacio Rivero y Juan Palacios, consideraron que el suceso del 22 de febrero "no fue un accidente, sino la crónica de una tragedia anunciada".
"Para sustentar esta afirmación es fundamental remitirse al pormenorizado informe que la Auditoría General de la Nación que emitió en 2008", sostuvieron en el escrito.