Nacionales. El fiscal acusó a Bonadío de demorar la investigación

BUENOS AIRES.- El fiscal Federico Delgado elevó ayer una queja ante la Cámara Federal para acusar al juez federal Claudio Bonadío de instruir a su "antojo", con "retardo" e "incumplimiento", la causa que investiga el choque del tren en la estación Once que provocó 51 muertos y 703 heridos.
En su presentación de "queja por retardo de justicia", el funcionario del Ministerio Público reiteró sus discrepancias con el trámite de instrucción a cargo del magistrado al denunciar que sigue sin "correrle vista" del expediente por la tragedia, que ya tiene más de 4.000 fojas.
Delgado sostuvo en su escrito que "el rol de la Fiscalía quedó a disposición del antojo de un juez de instrucción y eso la ley no lo permite ni lo autoriza", y advirtió que "el problema no es que no pudimos acceder a la causa... sino que nuestra participación se desplazó de la ley hacia la voluntad del juez".
El fiscal aclaró ante la Cámara que su presentación no es por "capricho" sino a raíz de que "las particulares características de los hechos que conforman la causa, exigen que esta parte pueda compulsar el expediente de manera constante y actualizada, como parte fundamental del proceso penal, situación que nunca, en la práctica, ocurrió".
Días atrás, Delgado acusó a Bonadío de "apropiarse" del expediente, al no dar vista a la Fiscalía, y el magistrado reaccionó notificándole que "se encuentran a su entera disposición los autos principales para su compulsa".
Sin embargo, el fiscal alegó que esto no ocurrió "en tiempo y forma".
El martes 6 de marzo, Delgado reclamó al juez que le remitiera el expediente "por el término de un día para poder compulsarlo adecuadamente y extraer fotocopias de las partes pertinentes para su estudio (...) en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, representar y defender el interés público en todas las causas".
Ayer una de las querellas, la que representa el abogado Gregorio Dalbón, pidió la realización de una "pericia psiquiátrica" al juez Bonadío, para "confirmar y certificar" si se encuentra "en condiciones de impartir Justicia".
La petición se fundamentó en el hecho de que el magistrado admitió al Estado como querellante en la causa y exigió a los querellantes una caución real de 100 millones de pesos, para concretar su pedido de embargar las cuentas bancarias de los empresarios y funcionarios que podrían ser imputados.
El miércoles 22 de febrero, una formación de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), repleta de pasajeros, arribó a las 8.32 al andén número dos de la estación de Once y, por causas que se investigan, no pudo frenar y chocó contra los paragolpes de la terminal ferroviaria.
A raíz del fuerte impacto murieron 51 pasajeros, entre ellos un bebe, y otros 703 resultaron heridos.
El juez Bonadío ordenó la realización de pericias sobre el tren siniestrado, pero en esos estudios técnicos, según denunció Dalbón, sólo participan peritos oficiales y no está actuando ningún perito por parte de las víctimas.
Hasta ayer, el magistrado tiene como único imputado al maquinista del tren siniestrado, Marcos Antonio Córdoba.