26 de septiembre de 2015

Locales

Locales. El fiscal Piotti pidió la orden de desalojo para los 130 lotes tomados




El titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3, doctor Luis Piotti, solicitó ayer la orden de desalojo de los 130 lotes usurpados en el Cerro Granito, según confirmaron a este medio fuentes ligadas a la investigación.
De esta manera y con el material probatorio que obra en la causa, ahora será la jueza de Garantías Nº 2, doctora Stella Maris Aracil, la que defina sobre la pertinencia de la solicitud elevada por el Ministerio Público.
Se trata de una noticia judicial de alto impacto, que tendrá repercusiones políticas al tiempo que incrementa la tensión en la zona tomada.
Cabe resaltar que según lo establece el Código Procesal Penal, la magistrada actuante no tiene un mínimo ni máximo de tiempo para resolver sobre el asunto.
Asimismo, cabe recalcar que la agrupación que lidera Griselda Altamirano fue denunciada penalmente por el intendente Miguel Lunghi, en tanto que el abogado de Mario Cerviño, Eduardo Carbonetti, entabló la presentación judicial solicitando el desalojo de las tierras.
Hasta el momento, se desconoce si la Justicia avanzó en la denuncia de Altamirano contra Cerviño donde se objeta la legitimidad de las escrituras que lo acreditan como propietario de gran parte de los terrenos en disputa.
Cerviño es un operador inmobiliario denunciado por la dirigente social Griselda Altamirano, a la vez presunta responsable de la ocupación masiva en cercanías de la antena.
Carbonetti se presentó la semana pasada como particular damnificado "pidiendo el desalojo porque usurparon más de 80 terrenos de mi cliente".
Más tarde recordó que la jueza dictó la medida de "no innovar" con vistas a abortar el crecimiento de la toma ilegítima.
Sobre la antesala de la ocupación, el abogado reseñó que "se venía hablando y días previos un grupo de vecinos alertó sobre esta situación. Por suerte el arco político de Tandil tomó partido en el asunto y se formuló una denuncia penal".
Carbonetti también reclamo a la Justicia una medida drástica para "evitar y prevenir futuras tomas".
"Entiendo que esto se tiene que resolver en el corto plazo, el fiscal tuvo el tiempo suficiente para avanzar en el expediente. Esto no da para más, es un delito, amén de los responsables y la premeditación y coordinación previa que tuvo el accionar en Cerro Granito", evaluó el querellante.
Finalmente el entrevistado aseguró: "no digo que Altamirano deba ir presa, pero es responsable de la toma ilegítima".

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