14 de mayo de 2010

Policiales

Policiales. El fiscal ratificó la acusación y la Defensa habló de una causa armada

Ayer se reanudó el debate que juzga la responsabilidad penal de Juan Manuel González Guerra, acusado de intentar coimear al juez Pablo Galli el 23 de diciembre de 2008 en el despacho del propio magistrado, en la sede del tribunal local. Tras escuchar los testimonios aportados por la Defensa, se desarrollaron los alegatos.
El fiscal Luis Piotti, por su parte, insistió en el delito de cohecho agravado, por lo que ratificó el pedido de condena, con una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado. Los defensores, en tanto, arremetieron con lo que consideraron una causa forzada, armada en pos de salvaguardar la figura del juez tandilense. El doctor Claudio Castaño abogó por la absolución de su defendido, no sin antes criticar con inusual vehemencia el sistema judicial en su conjunto de la ciudad y sus respectivos actores. Marcelo Argeri, a su turno, reiteró el pedido de nulidad de la causa a partir de la participación del fiscal Piotti, quien a su entender debió excusarse de intervenir.
La cita de ayer sufrió nuevos contratiempos, a partir de irregularidades que merecieron la atención del juez Torrens, quien estipuló un cuarto intermedio hasta que se resuelva. Especialmente, por la situación de uno de los testigos convocados, Víctor Saravia, procesado por otra causa y que goza de prisión domiciliaria con una pulsera magnética (ver aparte). Una vez subsanada la curiosa situación, se allanó el escenario para que comparezca éste como la hermana del acusado, Fernanda González Guerra, que en definitiva serían los únicos testigos a escuchar.

LOS TESTIGOS
Al turno del comparendo de los testigos, primeramente la hermana del abogado imputado, Fernanda González Guerra fue indagada sobre la relación de amistad que tenían con el juez Galli antes que sucediera el incidente con su hermano.
La intención de la Defensa era desacreditar los dichos del juez, quien ratificó que no conocía al acusado cuando lo recibió en su despacho.
Así, la mujer dijo que tenían relación a partir de la amistad de los hijos de ambos, quienes practican deporte en el mismo club -Los Cardos- y el mismo Galli los entrenaba. Habló de las varias oportunidades en que el hijo del juez durmió en su casa y viceversa, aludiendo a una asidua relación que hacía incluso que el juez fuera a su casa a buscar a su hijo. El dato no era caprichoso: al lado de su casa vive precisamente el imputado, por lo que se dejaba entender que indefectiblemente el juez y el abogado se cruzaron en oportunidades varias. Preguntada puntualmente si certificaba algún encuentro entre denunciante y acusado, dijo que creía que sí, aunque dejó un halo de duda sobre en qué circunstancias concretas.
Luego llegó el turno de Víctor Saravia, quien declaró que ya en diciembre de 2008 había recibido el beneficio de la prisión morigerada, pero recién se la entregaron en septiembre de 2009, contradiciendo la información que consta en el expediente sobre los rechazos varios que había recibido en ese sentido.
Asimismo, dijo desconocer a González Guerra hasta desatado este incidente. Que él nunca fue defendido por un particular, siempre con un defensor oficial, y que luego conoció al abogado cuando tomó la defensa de su mujer, también detenida por la misma causa que hace a tenencia y comercialización de estupefacientes.
Sus dichos no merecieron más preguntas, menos aún del ministerio público fiscal, quien consideró -luego en su alegato- que difícilmente el testigo hubiese confesado que sí lo conocía y así entregarse a un delito en complicidad con el abogado acusado.

LA ACUSACION
El fiscal Piotti, ya adentrando en su alegato, ratificó los lineamientos que merecieron que la causa arribara al juicio en cuestión. Dio por acreditado los hechos y la responsabilidad penal del letrado, pidiendo tres años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer la profesión.
Alrededor de 40 minutos le demandó al ministerio público argumentar lo que resultó la acusación, concretamente basada en la credibilidad del testimonio del juez Galli. Si bien ahondó en lo que resultó la única y principal prueba de cargo, no dejó de mencionar elementos coadyudantes que permiten sumarle credibilidad a lo dicho por el denunciante. Puntualmente aludió a la coincidencia de los testimonios de Guillermo Vaticano y Perone, ambos subordinados del magistrado.
Piotti pidió al juez Torrens que valore la prueba única y tomó como ejemplo lo que sucede con los casos de abusos sexuales, en los que generalmente en la mayoría de los casos se cuenta con un sólo testimonio -el de la víctima- como elemento de prueba y el contenido y la credibilidad del relato permiten sentar convicción a los jueces para librar veredictos condenatorios a los acusados.
El fiscal habló de un relato coherente de Galli como así también de una credibilidad subjetiva. Reseñó que no existieron contradicciones en su testimonio como así también que lo relatara con precisión y detalles de cómo sucedió el hecho, con el aditamento de los otros testimonios que acompañan dicha versión.
No dejó de mencionar acerca de la trayectoria del juez Galli y que hacen justamente a la credibilidad subjetiva. Asimismo se preguntó qué motivación contra el acusado debió tener el magistrado para incurrir en un delito -una falsa denuncia-.
Tampoco evitó referirse a lo que planteaba la Defensa, en cuanto a aludir a la figura de un falso denunciante y no de un testigo falso, que para el fiscal resulta una interpretación errónea del concepto.
Acerca de la apoyatura externa al relato de Galli, el fiscal se tomó de la declaración que hiciera el acusado en plena instrucción, que para la acusación incurrió en contradicciones fragantes.
“Nunca quisieron decir los motivos de la falsa denuncia del juez” arremetió el fiscal, para así echar por tierra la hipótesis defensista.

LA DEFENSA
Precisamente al turno de los defensores, el doctor Claudio Castaño arremetió contra lo que consideró una causa forzada, armada al son de los intereses del juez denunciante.
El verborrágico letrado indicó que no encontraba delito para semejante pena, que resultaba un delito inexistente que llevó a ventilar asuntos personales que no hicieron más que mancillar el honor de la presunta víctima como victimario.
“Hubo un mal libreto, pésimos actores, pero una buena edición”, metaforizó el abogado a la hora de adentrarse en una temeraria crítica a la investigación como al sistema judicial local en general y en sus actores en particular.
Adujo que defender al colega provocó que los dejaran solos, que los colegios y asociaciones de abogados le dieron la espalda, cuando estaba en juego la honorabilidad no sólo de González Guerra, sino también la de Argeri, comparando la situación con el escándalo ocurrido en Olavarría, donde fue asesinado un abogado y un juez está siendo investigado por un delicado delito.
Así luego se abocó a arremeter con el sistema judicial local, de quien acusó de querer doblegar a la razón defensista por la fuerza, la prepotencia de actores judiciales que practican la soberbia como religión.
Puso en duda la capacidad de los jueces, fiscales y demás funcionarios tandilenses, sin dejar de mencionar que “todos sabemos cómo se llega a ser juez”. No escatimó en puntualizar en críticas para con la actitud de Galli y hasta de Vaticano. Para el juez, habló de una actitud “patética”, que no honraba la embestidura de juez.
Agregó que en vez de ocupar un rol de entrenador de rugby por qué no se dedicaba a resolver causas atrasadas en el propio Tribunal.
Puntualizó que Galli no miraba a los ojos, como sí lo hizo en su relato el mismo Saravia o la hermana del abogado acusado. “Si evita mirar a los ojos es propio de quien esconde algo”, sentenció.
Para el secretario del Tribunal Vaticano tampoco escatimó en críticas, poniendo en duda su capacidad y detallando que se presentó al concurso para integrar el tribunal y dio mal el examen.
Reiteró que lo que ocurre a su entender en Tandil menoscaba la profesión y que no entraban los mejores al poder judicial, acotando por último que de a poco se va depurando el plantel, reseñando sobre que “ya uno se fue de Tandil y hoy está en esta ciudad”, en clara alusión a un juez que prefirió no nombrar.
Entre la caterva de críticas a los actores judiciales, el fiscal interrumpió pidiendo que el magistrado pida respeto frente a las personas que Castaño aludía, pero Torrens se dijo un hombre flexible a la hora de los alegatos y quedaba en cada uno el tenor que elige para sus dichos. No obstante ello lo invitó al abogado a guardar cierta cautela en sus calificaciones o descalificaciones, al entender del fiscal.
Finalmente y dedicado exclusivamente el motivo que llevó a su colega al banquillo de los acusados pidió su absolución.
Mucho más conciso resultó el co defensor Marcelo Argeri, que se limitó a alegar lo que ya había planteado en reiteradas oportunidades, acerca del pedido de recusación para que el fiscal Piotti intervenga en el caso. Habló de violación del debido proceso y que quisieron forzarlo a no cumplir con el secreto profesional, incluso dijo que fue amenazado de ser procesado sino colaboraba.
Así, el juez dio por terminado el debate, citando para el martes próximo al mediodía para ventilar su veredicto y eventual sentencia.

Testigo con pulsera y sin custodia
Una de las situaciones, como mínimo curiosas, que se registraron en la jornada de ayer fue al comienzo, cuando se presentó por su propia cuenta Víctor Saravia, quien por la causa que pesa en su contra está bajo arresto domiciliario, con una pulsera magnética.
Lo llamativo precisamente es que el juez advirtió que se presentó por su propia cuenta, cuando se había gestionado para que el servicio penitenciario lo fuera a buscar tal reza el procedimiento de acuerdo a su situación.
Al parecer, el testigo se movilizó sin más, por las suyas, dejando una grotesca evidencia del vulnerable sistema de custodia que debe prestar el servicio penitenciario.

“Las mentiras de Galli”
Como reza el protocolo de una audiencia, tras los alegatos el acusado puede hablar su así lo considera, cosa que González Guerra hizo, con un breve relato.
En su descargo, el novel letrado dijo que durante el debate quedó evidenciado que Galli y Vaticano incurrieron en claras contradicciones. “Las mentiras de Galli quedaron demostradas aquí”, insistió el imputado, para luego pedir al juez Torrens objetividad e imparcialidad para resolver el entuerto.

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