22 de diciembre de 2023
La administración bonaerense también mandará al Poder
Legislativo un proyecto para prorrogar las emergencias vigentes e incluirá una
solicitud de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$ 1.800 millones
para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo.
Un importante funcionario provincial indicó a Télam que la
idea es que las iniciativas se aprueben la semana que viene en ambas cámaras,
en sesiones convocadas para el jueves 28, y adelantó que existe "buena
predisposición por parte de legisladores e intendentes del PRO y de la
UCR".
En el marco de esa negociación, los jefes comunales solicitaron
a la Provincia que se contemple la creación de un nuevo fondo para los
municipios y reclamaron mayor agilidad en el envío de los pagos de dinero
adeudado por IOMA, el IPS e Infraestructura.
Las fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que la decisión de
prorrogar la actual Ley de Leyes -que contempló gastos por $6,9 billones-
responde a la ausencia de pautas y proyecciones oficiales respecto de las
variables macroeconómicas para el año 2024, pero destacaron que el objetivo
seguirá siendo "atender las necesidades de los sectores más vulnerables,
afrontar obligaciones de deuda, y asistir a los municipios que lo
requieran".
"Aún no sabemos con qué recursos contará la provincia
el año entrante o si se mantendrán las transferencias no automáticas",
describieron en el Gobierno bonaerense, desde donde consideran vital que se
mantenga el dinero que se gira en concepto del Fondo de Seguridad y la
actualización por inflación del Consenso Fiscal, entre otros.
Las mismas fuentes remarcaron que si bien la Provincia
recibió hasta el momento el 40% de la totalidad de las transferencias no
automáticas, ello "no es casualidad, sino que responde a que el distrito
habita el 40% de la población del país, representa el 50% de la producción y
aporta el 40% de la recaudación".
Aclararon los voceros que, además, "la provincia no
tiene gastos excesivos sino que tiene recursos insuficientes y posee el menor
gasto per cápita de todo el país y es la segunda en menor cantidad de empleados
públicos por habitante".
Por otro lado, se enviará a la Legislatura una solicitud de
endeudamiento -que dejará sin efecto el pedido formulado semanas atrás, que no
fue tratado por falta de acuerdos con la oposición- en pesos u otras monedas
por el equivalente en pesos a US$ 1.800 millones.
Se destacó que se trata del mismo monto que la provincia
deberá abonar en los vencimientos que tiene previstos para 2024, que incluye el
pago de la deuda en moneda extranjera (de capital e interés) producto de la
reestructuración de la deuda contraída durante la gestión anterior.
Ante la posibilidad de que el Gobierno nacional decida no
financiar más obra pública, la administración de Kicillof incluyó en el pedido
de endeudamiento un artículo que permite redestinar remanentes que no se
utilizaron de créditos otorgados y autorizados por los organismos
multilaterales.
Por otra parte, la Ley Fiscal, que determina cada año el
valor de todos los impuestos provinciales, busca continuar con la premisa de
dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria, haciendo hincapié en
la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva, y atendiendo
la realidad de las pymes.
De ese modo, en el caso del Impuesto Inmobiliario se
establecen topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año
anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio: el 90% de los
contribuyentes tendrán aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante
tendrán subas del orden del 300%.
"Si tenemos en cuenta que la inflación acumulada entre
enero 2023 y febrero 2024 se proyecta en más del 300%, la mayor parte de las
partidas tendrán aumentos por debajo de la inflación", se explicó.
A la vez, se apuntó que se analiza la posibilidad de
actualizar las tasas que se cobran para la carga y descarga en Puertos o el
Inmobiliario Rural "dado que se trata de los sectores concentrados que
fueron más beneficiados por las medidas dispuestas por el gobierno de Javier
Milei".
Con todo, se mantendrá la estructura actual del Impuesto a
los Ingresos Brutos y se indicó que "en algunos sectores específicos se
avanzará en una equiparación con topes del Consenso Fiscal y respecto de las
demás jurisdicciones".
La provincia pretende que, tal como ocurre en
otras jurisdicciones, haya ajustes de los impuestos bonaerenses atados a la
inflación a lo largo del año.
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