Mundo. El gobierno colombiano y las FARC se comprometieron a agilizar el acuerdo de paz

El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC decidieron anoche un
impulso al acuerdo de paz en momentos en que un cúmulo de dificultades
amenaza con alargar la implementación de lo pactado, para lo cual diseñaron
una estrategia de seis puntos.
El compromiso quedó plasmado en un comunicado conjunto emitido en Cartagena
de Indias, donde durante dos días representantes del gobierno y las FARC se
reunieron a puerta cerrada para evaluar los primeros 100 días de la
instrumentación del acuerdo firmado el pasado 24 de noviembre en Bogotá.
A la cita se sumaron el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de
las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, según la Presidencia.
En compañía de miembros de su gabinete, el mandatario se reunió con
miembros del secretariado de las FARC para recibir el informe de los dos
días de trabajo, agregó la información.
"El Gobierno Nacional y las FARC seguirán trabajando para cumplir los
compromisos contemplados en el Acuerdo Final que nos llevará a construir la
paz estable y duradera para beneficio de todas y todos los colombianos",
señala el comunicado recogido por la agencia de noticias EFE.
El momento que vive el acuerdo es complejo, pues las partes se recriminan
por el poco avance en los compromisos para llevarlo a cabo, y a esto suman
las dificultades del gobierno para alinear a sus huestes en el Congreso a
la hora de aprobar las reformas constitucionales con las que se creará la
arquitectura jurídica de lo pactado.
Una muestra de esas dificultades está en que, a pesar de las mayorías con
que cuenta el gobierno en el Congreso, aprobó con los votos justos el acto
legislativo que introduce al ordenamiento legal la Jurisdicción Especial de
Paz (JEP), un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición que busca satisfacer los derechos de las víctimas.
En Cartagena, el gobierno y las FARC, que confluyen en la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, dijeron que se
identificaron las dificultades y se acordó trabajar en los asuntos de
desarrollo legislativo, garantías de seguridad, tránsito a la legalidad,
zonas veredales transitorias de normalización, reincorporación y el
cronograma de abandono de armas.
Quedó expreso en los compromisos sobre desarrollo legislativo que en abril
próximo el gobierno presentará al Congreso un paquete de proyectos de
reforma constitucional y de ley para avanzar en el tema de desarrollo rural
integral, que es el primer punto del acuerdo.
También agilizará la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, incluidas en el acuerdo negociado
durante casi cuatro años en La Habana.
En cuanto a garantías de seguridad, se agilizará "la activación de los
mecanismos e instancias establecidas en el acuerdo", lo que incluye un
Pacto Político Nacional "que busca garantizar el efectivo compromiso de
todos los colombianos para que nunca más se utilicen las armas para hacer
política".
Las FARC, por su parte, completarán los listados de sus hombres, que deben
incluir a los milicianos (colaboracionistas), mientras que el gobierno se
comprometió a dar "apoyo necesario a las instancias competentes encargadas
del trámite de amnistías con el fin de agilizarlas".
Con respecto a uno de los reclamos más recurrentes de las FARC, que es el
atraso en las obras de adecuación de las 26 zonas veredales creadas para
albergar a unos 7.000 guerrilleros, el gobierno se comprometió a que en
abril las entregará "en su totalidad" y dotadas de ambulancias y personal
médico.
En materia de reincorporación a la vida civil de quienes dejen las armas,
un tema que preocupa a los guerrilleros, "se definió la oferta
institucional y de proyectos productivos para los hombres y mujeres de las
FARC" para que tengan seguridad socioeconómica en el futuro.
Lo acordado en Cartagena será discutido por Santos en un consejo de
ministros con el fin de superar cuanto antes los obstáculos que se
atraviesan en el camino de la paz.