27 de agosto de 2019
El Gobierno nacional resolvió postergar hasta enero del año
próximo el aumento en las tarifas de gas domiciliario que debía regir desde
octubre, como parte del paquete de medidas de alivio para compensar el impacto
de la devaluación del peso después de las PASO.
"El aumento de octubre no lo vamos a hacer y en
diciembre tendrá lugar la audiencia pública para aplicarlo recién en
enero", confirmó el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui,
en declaraciones que publica hoy el diario "Río Negro".
En marzo pasado se realizó una audiencia pública que
determinó para el gas domiciliario una primera actualización anual del 29%.
Sin embargo, para evitar que esa suba se descargara
plenamente sobre los consumidores durante la temporada invernal, se acordó
escalonar ese incremento.
De modo simultáneo se aplicó una "tarifa plana"
para los usuarios domiciliarios durante los meses de mayor consumo, que van de
junio a septiembre.
El diferencial de esa tarifa, cercano al 20% del total de
las boletas, está previsto que sea pagado por lo usuarios a partir de
diciembre, cuando las facturas reflejan el menor consumo habitual.
De ese modo la tarifa se incrementó un 10% en abril; otro
9,5% en mayo; y 7,5% en junio, pero esas subas coincidieron con la aplicación
de la tarifa plana para los hogares.
El alza así absorbida por el Estado, según estaba previsto,
iba a trasladarse en octubre a los consumos familiares de gas.
La audiencia pública también programada para octubre, y que
se postergó hasta diciembre, definirá la proporción del segundo aumento de la
tarifa en el año.
El secretario Lopetegui recordó que "hay dos
componentes para la tarifa: la cotización del dólar y el precio del gas; hay
una diferencia en el dólar, pero algo se va a compensar con el precio del
gas".
El funcionario explicó que "el precio del gas en teoría
debería bajar, ya que está a US$ 4,55 por millón de BTU (unidad térmica
británica), mientras el precio del dólar estaba fijado a $ 41, y ahí sí hay
diferencia".
Lopetegui evitó formular consideraciones con respecto a la reacción
de las compañías petroleras, hoy enfrentadas con el Gobierno por el
congelamiento por tres meses del precio de los combustibles y del barril de
crudo.
Desde la Nación se había reconocido que la aplicación de la
tarifa plana tendría un costo de $ 2.500 millones a abonarse a las
distribuidoras, mientras el escalonamiento demandaría el pago del Estado de
otros $ 2.000 millones.
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