22 de septiembre de 2010
BUENOS AIRES.- Casi un mes después del Informe de la presidenta Cristina Fernández sobre Papel Prensa, el Gobierno presentó ayer una denuncia penal en la Justicia para que se investigue si hubo crímenes de lesa humanidad de parte de funcionarios de la dictadura y de directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en el marco de la compra de acciones de esa compañía.
Puntualmente, la presentación que realizó la secretaría de Derechos Humanos, constituida en parte querellante, reclamó al juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza que investigue los delitos de "asociación ilícita calificada, extorsión, privación ilegal de la libertad calificada, torturas -en un caso seguidas de muerte- y vejaciones, todas estas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad".
En nombre del Estado, y con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el Gobierno pidió las indagatorias del dictador Jorge Rafael Videla, del jerarca de la Marina y ex miembro de la junta militar, Emilio Eduardo Massera (declarado inhábil mental por la Justicia), del ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y del ex secretario de Desarrollo Industrial, Raymundo Juan Pío Podestá, quienes habrían obligado a los integrantes del Grupo Graiver a transferir sus acciones a los tres diarios.
En el mismo escrito, Eduardo Luis Duhalde pidió que se cite como "partícipes necesarios de la maniobra a quienes resultaron beneficiarios de la misma, en tanto eran directivos de los mencionados periódicos y de FAPEL SA".
El texto menciona a los empresarios "Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos", pero añade también los nombres de "Manuel Campos Carlés y Patricio Peralta Ramos", tras aclarar que "estos dos están -según las informaciones que circulan- ya fallecidos".
Según la denuncia, "los imputados contaban con la aquiescencia y aceptación por parte de la cúpula del terrorismo de Estado -las máximas autoridades del país- y se aseguraban de aquel modo la impunidad de su accionar".
"Todo esto, con total independencia de los móviles que acompañaron aquellas conductas", añadió el escrito,
Además, se señaló que "los damnificados de las conductas referidas se encontraban en una total indefensión, al igual que todas las víctimas de la represión en la última dictadura cívico-militar".
"Aún tomando en cuenta que las acciones imputadas" a los directivos de los diarios "tuvieran exclusivamente móviles económicos, afirmaciones que entendemos prematura a esta altura de la investigación, la ausencia del elemento discriminatorio -en este caso, razones políticas- no elimina el carácter de crímenes contra la humanidad de tales ilícitos", dijo el Gobierno.
La embestida oficial contra Papel Prensa se formalizó recién ayer con una denuncia en los tribunales federales de La Plata, pese a que la presidenta Cristina Fernández había hecho público el Informe anunciando esta presentación el pasado 24 de agosto.
En un extenso escrito de unas 200 páginas, la secretaría que conduce Eduardo Luis Duhalde relató los tormentos sufridos por los integrantes del "Grupo Graiver" y advirtió que "estos hechos no pueden desagregarse de toda la "operación"" de Papel Prensa.
En esa hipótesis, el Gobierno planteó que "obtenidas las firmas para la transferencia a precio vil del paquete, es decir logrado el objetivo de la extorsión orquestada por los diarios y sus representantes, el "Grupo Graiver" es mantenido en detención clandestina y torturado, con resultado de muerte en el caso de Jorge Rubinstein, mientras que los extorsionadores van dando los pasos necesarios para regularizar aparentemente las múltiples anomalías".
En tren de argumentaciones, el Estado sostuvo que corresponde investigar los hechos de Papel Prensa como "crímenes de lesa humanidad".
En su planteo, el Gobierno sostuvo que "los delitos de lesa humanidad cometidos contra las víctimas del llamado "Grupo Graiver" no comienzan con el secuestro, tortura y vejámenes de todos ellos, sino con la etapa extorsiva que lo antecede, que obtuvo los resultados buscados, tras una cuidadosa preparación mediática".
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
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