11 de enero de 2023
"Tal como informé el jueves en la conferencia de
prensa, la convocatoria a extraordinarias será la segunda quincena de enero.
Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado. No hay
ni hubo ningún cambio. La manera en que se va a llevar en el Congreso son
decisiones que se discuten y se toman en el Congreso", señaló la portavoz
de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en declaraciones a Télam.
De esta forma, la Portavoz desmintió cambios en los plazos
que se fijo el Gobierno para el llamado a extraordinaria, y se remitió a la
información que brindó el jueves pasado, cuando contó en Casa Rosada que el
presidente Alberto Fernández pretendía que "los tiempos sean lo más breves
posibles" en relación al trámite del pedido de juicio político a los
integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Cerruti había asegurado que "la mayoría de los
mandatarios" provinciales acompañan esta iniciativa enviada al Congreso y
que "la necesidad pasa, ahora, por juntar voluntades" en la Cámara de
Diputados para avanzar con este proceso de juicio político al presidente del
máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, que requiere del apoyo
de una mayoría especial de los dos tercios de los presentes en el cuerpo para
que prospere.
"El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión
histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y
tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la
Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la
Constitución", había remarcado la Portavoz en esa oportunidad.
El pedido de juicio político impulsado por el Gobierno se
basa en la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura
y al reclamo de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.
El jefe de Estado y mandatarios provinciales presentaron un
pedido de remoción a los cuatro integrantes de la Corte Suprema (Horacio
Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por
"mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad"
a la hora de dictar fallos.
Fernández entregó a la Cámara de Diputados esta solicitud y
pidió su "pronto tratamiento legislativo" a Germán Martínez, titular
de la bancada del FdT en la cámara baja, y a la presidenta de la Comisión de
Juicio Político, Carolina Gaillard.
La decisión de iniciar un proceso contra los integrantes del
organismo se dio tras la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles,
vocero del titular del máximo tribunal mantuvo, presumiblemente, con el
ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'
Alessandro.
En esos intercambios, Robles le indicaba al funcionario
porteño (actualmente en uso de licencia para preparar su defensa) que
estrategias debía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener
un fallo favorable por parte de la Corte en la disputa con Nación por los
fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo.
En tanto, diputados del FdT avanzan en la elaboración del
texto del proyecto que presentarán "entre hoy y mañana" en la cámara
baja para abrir el proceso de juicio político contra los integrantes de la
Corte Suprema, en base al documento impulsado por Fernández y los gobernadores,
una vez que el Poder Ejecutivo formalice la convocatoria a sesiones
extraordinarias e incluya el debate de esa iniciativa.
El proceso, según precisaron fuentes parlamentarias podría
demandar entre tres y cuatro meses de debate, y fuentes parlamentarias
confirmaron a Télam que el texto será presentado "entre hoy y mañana"
y se basará en el documento que la semana pasada el presidente le presentó a
Martínez y Gaillard.
En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez
Larreta, ratificó hoy que JxC participará del debate de la Comisión de juicio
político que analizará la conducta de los miembros de la Corte Suprema en el
Congreso para "frenar" lo que calificó como "un nuevo embate del
Gobierno nacional sobre la Justicia".
Rodríguez Larreta se manifestó así luego de lo expresado
ayer por la Mesa Nacional de JxC que, tras reunirse de manera virtual, anunció
que no dará quorum para que se debatan en el Congreso los proyectos que envíe
el Poder Ejecutivo, hasta que sea retirado el pedido de remoción al máximo
tribunal.
"No lo vamos a permitir, los vamos a frenar y vamos a dar
todas las discusiones con toda la convicción en la comisión de juicio
político", enfatizó el alcalde porteño. El precandidato presidencial del PRO
señaló asimismo que la oposición "cumplirá con su responsabilidad" de debatir
en el Congreso.
Por su parte, el diputado nacional por el FdT, Leopoldo
Moreau, calificó hoy como "gravísima" la postura de JxC de negarse a
tratar proyectos de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso hasta que no sea
retirado el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia porque es
"anunciar que van a paralizar" al Poder Legislativo.
"La presión de los grupos dominantes ya no es solo
sobre cada integrante sino que también es de carácter institucional. Ahora JxC
dice que no va a tratar ninguna ley si no sacamos el juicio político. Eso es
gravísimo. Están anunciando que van a paralizar el Congreso", sostuvo
Moreau en declaraciones a la radio AM 750.
Del mismo modo, como integrante de la Comisión de juicio
político de la Cámara de Diputados, Moreau aseguró que "eran
esperables" las presiones para los integrantes de ese cuerpo por parte de algunos
medios de comunicación.
Además, el legislador recordó que "el juicio político
es una facultad constitucional no es ni una patoteada ni amenaza ni jugada
chavista como se intenta instalar desde los medios" sino uno de los
"instrumentos para garantizar la división de poderes".
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, uno de los
mandatarios que acompañan la iniciativa del juicio político, aseguró hoy que el
Poder Judicial "se ha convertido en el reaseguro de la injusticia"
porque la actual Corte Suprema de Justicia responde a directivas partidarias o
corporativas y por eso "es imprescindible promover reglas en la
construcción de un sistema republicano de Gobierno con división de
poderes".
"El Poder Judicial se ha convertido en el reaseguro de la injusticia. Ningún argentino o argentina puede pretender la salvaguarda de su patrimonio, de su honor, de su libertad y de su vida con jueces parciales que responden a directivas partidarias o corporativas. Es imprescindible por eso promover reglas en la construcción de un sistema republicano de gobierno con división de poderes", expresó el gobernador desde su cuenta personal de Twitter.
Fuente: Telam.
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
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