27 de diciembre de 2011
En pleno clima festivo de fin de año, los concejales trabajan a contrarreloj sobre el presupuesto 2012 elevado recientemente por el Gobierno, mientras el sindicato de municipales refuerza su presión para obtener el 30 % de aumento desde enero.
El jueves se vota en el recinto la ordenanza madre, que por la mayoría del oficialismo, será aprobado como cada año. Aunque muy probablemente la oposición vote en contra, poniendo reparos a las famosas "prioridades" de la gestión Lunghi, que en definitiva, se plasman en el cálculo de gastos y recursos.
Presupuesto y solicitud salarial: ambos temas se suceden en paralelo, pero tienen conexión. Incluso Roberto Martínez Lastra, secretario general del STMT, ya estimó que el 30 % para todo el personal implicaría unos 24 millones de pesos, cuando el Ejecutivo sólo previó 6 millones, es decir, la cuarta parte. Para llegar a la pretensión de los trabajadores, el Gobierno debería realizar reasignaciones presupuestarias de áreas como la Secretaría de Gobierno, donde los recursos se incrementaron significativamente. Esa idea ya anticipó Lastra cuando le preguntaron de dónde debía salir el dinero.
En este contexto, hoy a las 10, el gremio será recibido por la Comisión de Hacienda. Esa reunión fue pedida la semana pasada. En el encuentro los gremialistas dejarán sentado que desean se deje sin efecto la ordenanza que contempla incrementos para los funcionarios políticos, cuando se dan incrementos a los agentes municipales.
Por otro lado, esta misma mañana, el secretario de Economía, Gastón Morando, también subirá a la planta alta del palacio comunal para brindar precisiones sobre el proyecto presupuestario lunghista.
Al mismo tiempo, el bloque del PJ-FPV decidió dividir tareas entre sus integrantes, debido a la complejidad del asunto presupuestario, y además, por el poco tiempo que tuvieron para el estudio. Se sabe que, horas antes de la sesión, emitirán un documento general con sus reparos al proyecto radical. Si bien los peronistas mostraron cautela para no anticipar una postura, muy posiblemente se dejen traslucir críticas a la política de personal y las prioridades de la gestión. Claudio Ersinger y Mario Bracciale, que decidieron disolver el bloque que los unía, siguen estrategias individuales en torno a la "ordenanza madre".
Ayer una voz radical legislativa aseguró que la postura del kirchnerismo a favor del 30 % de aumento "no sorprendió, es habitual que lo hagan, y en definitiva son minoría y es la posición más fácil. Pero los concejales no tenemos facultades para fijar incrementos salariales, sino que es una potestad exclusiva del Ejecutivo".
La misma fuente correligionaria destacó el buen nivel de diálogo que mantienen con Martínez Lastra, pero recordaron que el último incremento a los municipales se otorgó en noviembre (hace menos de dos meses), y que habitualmente se tiene en cuenta la pauta paritaria de los docentes, definida en febrero, para iniciar la discusión local. También se fija la incertidumbre que marca el impacto inflacionario de 2012, que con "un Indec mentiroso" (dicen los radicales) es difícil de mensurar previamente".
El PJ había calificado de "errática" a la política oficial del municipio. "La política de la actual gestión municipal destinada al personal, ha sido siempre errática o mas bien direccionada a la incorporación permanente de amigos y afiliados radicales ya sea en puestos políticos o directamente en planta permanente en categorías superiores, con sobredimensión de estructuras políticas. Todo ello como consecuencia, en desmedro de los auténticos empleados u obreros", fustigaron los opositores en el comunicado de la pasada semana.
Y advirtieron un "evidente deterioro de los salarios correspondientes al personal de planta del sector municipal, si se comparan con la media de salarios del resto de los empleados y obreros estatales".
Por lo expuesto y a la vista de la elevación del presupuesto en más de 300.000.000, estiman los justicialistas que "el Municipio está en condiciones de absorber el aumento requerido".
Los peronistas fueron más allá al considerar "imprescindible atender el presente reclamo, aún resignado recursos asignados a otras partidas, todo en aras de la paz social y la dignidad de los trabajadores".
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