Locales. El intendente con sus pares radicales fueron recibidos por el ministro de Seguridad y Justicia

El intendente Miguel Lunghi, junto a otros jefes comunales bonaerenses pertenecientes a la UCR, mantuvo ayer un encuentro con el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Ricardo Casal, a partir de un pedido realizado al gobernador Daniel Scioli. Los jefes comunales plantearon las situaciones de inseguridad que padecen las comunas bonaerenses y expusieron una serie de pedidos e iniciativas para que sean implementadas por el Estado Provincial en coordinación con los Municipios.
En un documento elaborado y entregado a Casal, los jefes comunales pidieron la conformación de una mesa de trabajo con presencia de funcionarios provinciales, Asociación de Magistrados, funcionarios del Fuero Penal, intendentes y legisladores, para intercambiar información, planificar, coordinar y ejecutar acciones conjuntas para la prevención del delito y la reinserción social de personas que han cumplido una condena penal. También la creación de un Programa de asistencia económica a hijos y esposa/os víctimas de delitos, asignación de mayores fondos para la creación de programas en el marco del Patronato de Liberados, que permita una mejor transición hacia la reinserción en sociedad de los liberados y acuerdos tripartitos Provincia, Municipio y Universidades Nacionales para brindar capacitación permanente a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entre otros puntos.
Lunghi y sus pares expresaron en el encuentro la gran preocupación de las comunidades por los hechos delictivos y situaciones de violencia sucedidos en distintas ciudades del interior provincial, reclamaron mayor agilidad por parte de las fuerzas policiales, un refuerzo de la tarea preventiva de investigación y pidieron contar con un canal directo de comunicación con el Ministerio a cargo de Casal, organismo responsable de comandar las fuerzas y las políticas de seguridad en todo el territorio provincial.
Los intendentes también plantearon la preocupación por la participación en episodios de violencia, como los sucedidos en Junín, de grupos políticos relacionados con el Gobierno Nacional y que buscan exacerbar las diferencias políticas con el Gobierno de Daniel Scioli.
En este sentido, manifestaron los jefes comunales luego de la reunión, que el ministro Casal expresó que existen evidencias de motivaciones políticas en los ataques vándalicos contra edificios públicos que se produjeron en Junín. El intendente de esa ciudad, en tanto, ratificó que hay personas detenidas por esos incidentes y que estaría comprobada su relación con cooperativas financiadas desde el Estado Nacional.
En uno de los tramos de la reunión, el intendente Lunghi manifestó la preocupación porque “se rompió la cadena de mandos entre los jefes y los efectivos policiales” en distintos niveles, visión compartida por sus pares, que reclamaron medidas urgentes en este sentido.
Por otra parte, se pidió por los fondos adeudados a los Municipios por la creación de los Centros de Monitoreos, y por las demoras en el ploteo y blindaje de las nuevos móviles comprometidos, a la vez que se demandó el cumplimiento de promesa de que los policías egresados de las escuelas provinciales retomen a cumplir sus tareas a sus ciudades de origen.
Durante la reunión, el intendente Lunghi también hizo entrega del petitorio elaborado por familiares de víctimas de episodios de violencia durante la última marcha realizada en nuestra ciudad, y reafirmó la preocupación de todos los vecinos y el compromiso del Municipio de trabajar coordinadamente con la Provincia en todas las medidas necesarias para la prevención y el combate del delito.
En el encuentro, se analizaron también estadísticas brindadas por el propio ministro Casal, que marcan que se incrementó el robo con armas en un 22%, que creció un 10% las detenciones realizadas por la Policía por portación de armas y que crecieron las excarcelaciones de detenidos en las primeras 24 horas. En esta línea, se expuso que de 96 detenidos con armas de fuego, 85 de ellos quedaron libres en las dos horas siguientes tras ser apresados. Por ello el ministro consideró necesaria la modificación de la ley de excarcelaciones que impulsa el ejecutivo provincial.
Por otra parte, el ministro Casal confirmó que realizará gestiones para concretar una próxima reunión de los intendentes con los fiscales generales de la provincia.
Documento presentado por los intendentes
Es de público conocimiento que la seguridad es una competencia concurrente de los Estados Nacional y Provinciales, y así ha sido ratificado en innumerables oportunidades por los funcionarios nacionales y provinciales. El ejemplo más reciente lo ha dado la Presidente de la Nación, en la apertura de sesiones del Congreso Nacional.
Desde los Municipios, consideramos que somos el primer eslabón de la cadena de reclamos, y que por ello se intenta generar contención, con el convencimiento de que nuestro aporte y colaboración con quienes tienen responsabilidad directa en materia de Seguridad Pública pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, dando respuesta al principal reclamo de la ciudadanía.
Por ello, cada uno de los Intendentes radicales llevamos delante de manera permanente tareas en todo lo vinculado a la implementación de Políticas Publicas municipales para la prevención del delito, que van desde destinar buena parte de nuestros escasos presupuestos a solventar el financiamiento de la Policía Provincial, adquiriendo combustible y equipamiento policial, hasta cámaras de seguridad con todo el sistema de monitoreo y alquileres de dependencias provinciales.
Los Intendentes debemos escuchar los reclamos permanentes de los vecinos por la inseguridad, sin tener las competencias ni los recursos para resolver el problema de la inseguridad. El diseño político institucional argentino establece sin dudas en cabeza del Estado Nacional y de las Provincias el análisis, diseño, implementación, control y evaluación de las políticas de seguridad y justicia.
Por eso, exigimos al Gobierno Nacional y Provincial, dejar de lado las disputas políticas de este año electoral para otro ámbito y colaborar rápidamente en la búsqueda de una solución mancomunada a esta escalada de violencia que están viviendo los habitantes de nuestras ciudades.
El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben articular y coordinar, aplicando las competencias y funciones que poseen, para el diseño e implementación de políticas públicas serias y consistentes que ataquen las causas del grave problema de la inseguridad. En este marco, los Municipios podrán colaborar, asistir y contribuir con políticas de prevención.
Es en este contexto que le solicitamos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires una audiencia para tratar esta problemática, donde como es costumbre de nuestro Partido podamos debatir algunas de estas propuestas que permitan revertir esta complicada situación generalizada en toda la Provincia:
• En primer lugar, estamos dispuestos a acompañar al Gobernador en el necesario reclamo ante el gobierno nacional por el incremento de la masa de coparticipación para todas las Provincias (actualmente la Nación concentra alrededor del 75% de los recursos totales) y en particular un incremento de los recursos que le corresponden a la Provincia de Buenos Aires, en función de su contribución a los ingresos totales del Estado y de las graves problemáticas que existen en ella.
• Conformación de una mesa de trabajo con presencia de funcionarios provinciales, Asociación de Magistrados, funcionarios del Fuero Penal, Intendentes y Legisladores, para intercambiar información, planificar, coordinar y ejecutar acciones conjuntas para la prevención del delito y la reinserción social de personas que han cumplido una condena penal.
• Creación de un Programa de asistencia económica a hijos y esposa/os víctimas de delitos.
• Asignación de mayores fondos para la creación de programas en el marco del Patronato de Liberados, que permita una mejor transición hacia la reinserción en sociedad de los liberados.
• Programa de colaboración Provincial/Municipal para el pago de aportes, en la incorporación al empleo público municipal de personas que hayan cumplido condena penal.
• Creación de un equipo interdisciplinario con agentes municipales y provinciales, que brinde apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de violencia en todo el proceso judicial.
• Cumplimiento por parte de provincia de los Programas de Becas y transferencias, que permiten asistir a los colectivos vulnerables de las diferentes ciudades.
• Creación de fiscalía temática en lo rural de manera de agilizar en todos los departamentos judiciales las investigaciones por delitos rurales.
• Asignación de mayor presupuesto para las delegaciones de investigación en delitos vinculados al tráfico y comercialización de drogas.
• Acuerdos tripartitos Provincia, Municipio y Universidades Nacionales para brindar capacitación permanente a los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
• Compromiso público y cumplimiento del mismo, para que todos los egresados de las academias policiales retornen a sus lugares de origen a cumplir con el servicio policial.
• Asignación de recursos policiales de acuerdo a criterios objetivos como población, crecimiento demográfico, tamaño de territorio, etc.
• Cumplimiento en la entrega de Camionetas y Patrulleros.
• Constitución de los juzgados y cámaras en los Departamentos judiciales ya creados.