La nota, que lleva la firma del propio Rodríguez, y de su par cordobés Carlos Gutiérrez, expresa lo siguiente:

"Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el propósito de solicitarle información detallada acerca de los planes inmediatos de su cartera en lo relativo al uso de semillas e incentivos para el desarrollo del conocimiento aplicado a la producción.

Hace dos días, desde la propia sede del Ministerio que usted conduce y previo a un encuentro con autoridades de esa cartera, el representante de una importante empresa trasnacional de semillas adelantó públicamente que era inminente "el anuncio más importante y disruptivo de los últimos 20 años para el futuro del agro en la Argentina"; pero oficialmente no se han formalizado detalles al respecto.

Es importante que el Congreso, los productores argentinos y la opinión pública en general cuenten con la misma información que el gobierno nacional pone a disposición de representantes de empresas en temas de interés común. No es sano alimentar trascendidos extraoficiales de intermediarios interesados con información privilegiada.

También es importante conocer si existieron otros actores previamente convocados del sector público y del sector privado, y si han participado del diálogo los obtentores de material genético de economías regionales, como las legumbres y el maní, por ejemplo.

No escapa a su conocimiento que muchos logros en mejoramiento vegetal son fruto del esfuerzo y de las capacidades de instituciones públicas, como el INTA y las universidades argentinas, cuyos derechos deben ser considerados.

Permítanos sugerirle, además, que cualquier decisión sustantiva vinculada con el uso de semillas y el reconocimiento de propiedad intelectual, se adopte en el marco de un diálogo amplio, abierto a la participación de todos los sectores y con fuerte consenso, sin omitir la aprobación de una ley por parte del Congreso de la Nación.

Está claro que Argentina necesita una legislación actualizada a las necesidades del campo de hoy, que reconozca logros tecnológicos y asegure, con transparencia, los mecanismos y derechos de todos los actores involucrados.

Avanzar en un camino contrario, aplicando nuevas retenciones o cánones, sin el respaldo de una ley, sólo contribuirá a profundizar la desconfianza y podría convertirse en una fuente de indeseados conflictos".