Nacionales. El juez Bento busca una nueva orden para intervenir Cablevisión

BUENOS AIRES. Desde el jueves pasado, el juez mendocino Walter Bento está buscando un juez federal para convencerlo que avale una nueva orden de intervenir Cablevisión, ya que el anterior allanamiento del 20 de diciembre del año pasado, que apuntaló con fuerzas de la Gendarmería, fue desestimado por la Justicia, quien lo declaró "incompetente" para actuar.

Según fuentes empresarias, la semana pasada, el magistrado habría ordenado una nueva intervención de la compañía de televisión por cable, mucho más "profunda" que la anterior, que apuntaría a tomar su control y a su desguace.

Bento fue llevado a juicio político por el allanamiento y el 5 de julio el Consejo de la Magistratura, que domina el kirchnerismo, resolvió que no había motivo para avanzar en ese procedimiento.

Según informaron ayer los diarios Clarín y La Nación, el miércoles último el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se reunió con los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, denunciantes en este tema, para apuntalar una nueva ofensiva contra la empresa.

El 7 de diciembre de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un decreto que aprobaba la fusión de Cablevisión y Multicanal y el paquete accionario quedó en manos del Grupo Clarín.

Poco después de ese decreto fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que dejó firme la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial de la operadora Cablevisión, que posibilitó la fusión con la señal Multicanal.

La causa, que fue iniciada en Mendoza, donde Cablevisión no opera, apunta a dividir otra vez la compañía, lo que incidiría de modo importante en los negocios de Supercanal, el sistema de cable de Vila.

Las fuentes señalaron que la nueva medida apunta no sólo a tomar el control de la empresa, "sino a acceder a las bases de datos de la misma y de Fibertel", la empresa de Internet del Grupo Clarín.

En el allanamiento anterior, el juez había designado como interventor a Enrique Anzoize, quien se presentó acompañado por su abogado, Ricardo Mastronardi, a quienes se les adjudica vínculos directos con el Grupo Vila-Manzano.

Cuatro meses después, el juez federal Claudio Bonadío declaró "nulo" el procedimiento de Bento, tras comprobar las irregularidades, a la vez que denunció penalmente al mendocino y a la ministra de Seguridad, Nilda Garré por haber facilitado los efectivos de Gendarmería.

En su denuncia original en Mendoza, el Grupo Vila-Manzano señaló que la empresa Artear había incumplido un contrato con un operador de la provincia de Salta, en lo que fue una diferencia de precio entre el Canal 13 capitalino y un cable salteño.

En ese momento, Cablevisión adujo que no tenía nada que ver con la controversia y que el problema estaba radicado en Salta, por lo que el juez mendocino no tenía jurisdicción.