Locales. El juez recoge pruebas para definir la indemnización en el caso formol

El Juzgado Contencioso Administrativo de Azul ordenó la realización de pericias médicas para determinar el grado de discapacidad que sufrió Roberto Rojo, el paciente al que le aplicaron formol en vez de anestesia dentro del Hospital Municipal “Ramón Santamarina”.
Este caso de mala praxis que conmovió a la ciudad, con la investigación a este ritmo, seguramente encontrará un veredicto el año próximo, según adelantó a LA VOZ la doctora María Vicente, abogada querellante.
El magistrado avanza en la causa por dos vías: recolecta pruebas testimoniales mientras pidió a la Asesoría Pericial de Azul que realice los estudios de diagnóstico médico al paciente, con el fin de demostrar la dimensión del daño que provocó aquella inyección errónea.
“La Justicia junta pruebas testimoniales y prueba pericial médica sólo para medir el grado de discapacidad en el señor Rojo, porque el hecho ya está comprobado que existió, así como la relación causal entre el formol y el daño”, aseveró la letrada del estudio jurídico Vicente.
Precisamente, con esa prueba en mano, el juez podría estar en condiciones de fijar un monto indemnizatorio, explicó la abogada.
Cabe recordar que, cuando se destapó el caso, los representantes legales del damnificado reclamaron una suma cercana a los 300.000 pesos.
“Consideramos que la resolución se hará en 2009”, calculó la doctora Vicente, en la antesala de la feria judicial estival.
Por otro lado, la entrevistada admitió que durante varios meses, la mujer de Rojo, Mercedes Galardi, golpeó puertas para obtener el certificado de discapacidad: “fue un verdadero drama conseguirlo”.
Mientras tanto, la familia, sigue la pelea judicial a la espera del resarcimiento económico, al tiempo que en febrero se cumplirán dos años del yerro que habría cometido el anestesista.
Dos estudios firmados por los doctores Juan Altamirano y Mariano Coppola, que incluyen una resonancia magnética, aluden a “signos de aracnoiditis adhesiva con una distribución anómala de las raíces de la cola de caballo”, además de “signos degenerativos y compromiso neuroforaminal”.
“Las discapacidades físicas del paciente se describieron en el examen físico efectuado anteriormente, el mismo deambula con ayuda, tiene una marcha inestable, su principal problema radica en la incontinencia urinaria y fecal”, manifestaron los profesionales que analizaron el cuadro de Rojo en septiembre.

LUCHA FAMILIAR
Como se recordará, el caso Rojo resultó un verdadero escándalo que traspasó las barreras del ámbito médico hospitalario para transformarse en un episodio con coletazos políticos muy significativos en Tandil.
Las conjeturas sobre ocultamiento de una historia clínica que luego echó luz sobre la negligencia en la sala de anestesia el 27 de febrero de 2007, hicieron rodar dos cabezas en la cúpula del centro asistencial, ya que el intendente echó al director médico Oscar García Allende y su par administrativo, José Luis Labaroní.
Asimismo, se iniciaron sumarios administrativos que poco aportaron a la causa, sobre todo para develar si hubo encubrimiento a la hora de mostrar información que “quemaba” porque no dejaba dudas sobre la responsabilidad del hecho.
Posteriormente, el Municipio anunció que se allanaba en la causa judicial, al prometer que con las arcas comunales se pagaría la indemnización que fije el Contencioso Administrativo, para luego repetir contra el profesional. Justamente, esa cifra es la que esperan los Rojo, un hombre que por las secuelas del formol tuvo que abandonar su trabajo.
Más tarde, Mercedes Galardi aseguró en los medios de prensa que la ayuda humanitaria ofrecida por Miguel Lunghi nunca se había concretado. Desde el Ejecutivo prefirieron no polemizar y desmentir la embestida.