22 de septiembre de 2010
BUENOS AIRES.- El kirchnerismo realizó ayer en la Cámara de Diputados la segunda "audiencia pública" para debatir el proyecto oficial sobre producción de papel para diarios, donde no se escucharon críticas, debido a la ausencia opositora que impugna la convocatoria efectuada por la presidenta de la comisión de Comercio, la oficialista Juliana Di Tullio.
Durante la jornada de ayer, expusieron constitucionalistas, periodistas, estudiantes, docentes universitarios representantes del Estado en Papel Prensa, sindicalistas y hasta una ama de casa, la mayoría afines al Gobierno, que defendieron, aunque con matices, la idea de un mayor control del Estado sobre la producción de papel.
Tampoco ayer participaron de la audiencia voces que hablaran contra la iniciativa oficial.
La asistencia de diputados también ayer, como el jueves último, solo fue de oficialistas como, entre otros, Héctor Recalde, Juan Carlos Dante Gullo, Remo Carlotto, Ariel Pasini y Alex Ziegler (quien por la mañana organizó una ronda de mates con una decena de sus compañeros de bloque, mientras seguían los discursos).
Entre los oradores, estuvo Pablo Cerioli (director por el Estado de Papel Prensa), quien defendió lo actuado hasta ahora por el gobierno ante la empresa y afirmó que en el control de gestión se detectaron "varias irregularidades", como la inexistencia de documentación de las compras de papel, la existencia de "precios favorables y exclusivos para los socios de la compañía en detrimento de sus competidores menores" y de un cupo de venta y el abastecimiento de papel para otros rubros como la folletería.
"El bajo costo de producción para los grandes diarios lo terminaban pagando el resto del mercado, lo terminaban subsidiando los otros competidores pero se olvidan que el Estado Nacional tiene el 30 por ciento de las acciones", disparó Cerioli, quien defendió además al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por el episodio en que apareció filmado impidiendo una votación, al decir que en realidad, se trató de una reunión en la que los representantes de la empresa "querían dejar sin efecto un decreto firmado por la presidenta".
También, habló el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanolli, quien sostuvo que "se justifica la intervención pública" para garantizar la provisión de papel prensa, la cual "hace a la información, a la libertad de prensa", acotó.
El constitucionalista Oscar González Arzac (consejero de vigilancia por el Estado en Papel Prensa) destacó que "el Estado tiene la obligación de proteger de la distorsión del mercado a los usuarios y consumidores" y afirmó que el proyecto "es fundamental para que este texto constitucional (tras la reforma de 1994) tenga vigencia en la Argentina".
A su turno, Roberto Boico, constitucionalista y docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, opinó que el Estado tiene el "derecho inalienable" de "regular la materia que hace a la libertad de prensa y a la defensa de la competencia contra toda distorsión de los mercados".
De la partida fueron también Nora Anchart (representante del INADI), Arturo Somoza (rector de la Universidad de Cuyo), el delegado de los trabajadores del diario "Crítica", Alejandro Bercovich (quien pidió que se consideró declarar de "utilidad pública la producción de papel para diarios para salvaguardar el derecho a la información"), Lucio Castillo (de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines) Flavio Rapisardi (por la Federación Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales), entre otros.
El jueves será la próxima audiencia para tratar ese proyecto.
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