Locales. El Ministerio irá a la Justicia Federal si se aprueba la polémica ordenanza

La aprobación de modificaciones en las ordenanzas de taxis y remises derivará en acciones legales en la Justicia Federal, advirtió ayer el director de la Regional Pampeana del Ministerio de Trabajo de la Nación, doctor Jorge Schuster.
"Si esta ordenanza se aprueba tendrá una finalidad claramente ilícita, porque su único objetivo es encubrir el trabajo en negro con figuras de supuestas sociedades que para este Ministerio son irrelevantes", refirió en una nota a LA VOZ.
El organismo nacional juzgará el "real vínculo" entre las partes involucradas, "más allá de las formas que las ordenanzas quieran darle respecto de habilitaciones, licencias, titularidades y sociedades".
Por lo tanto, el trabajo en negro -reiteró Schuster- "merecerá las severísimas sanciones comprendidas en la ley".
El funcionario espera que los concejales comprendan la "ilegalidad de la ordenanza que están por legislar".
Luego Schuster lanzó una advertencia al explicar que si las cuestionadas modificaciones son votadas por el deliberativo, "vamos a continuar con las inspecciones y los que suponen que esto es una solución en nada se verán beneficiados. Lejos de resolver el problema, se les complicará más".
Pero como punto saliente de la nota, anticipó que el Ministerio interpondrá acciones legales ante la Justicia Federal declarando "el vicio de nulidad por el fin ilícito de esta ordenanza".
"Desde su origen, la normativa municipal posee el único fin de encubrir el empleo en negro", sentenció el director de la Regional Pampeana.
En dos oportunidades el funcionario mantuvo un diálogo con el presidente del HCD, Juan Pablo Frolik, donde "me puse a completa disposición de los ediles, para plantear el pensamiento" de la cartera laboral sobre la "peligrosidad de esta ordenanza".
Cabe recalcar que ayer, en la Comisión de Transporte, Daniel Salvi (UCR) entregó a los bloques opositores la propuesta de taxis y remises. Y el FPV iba a mantener una reunión con Schuster.
"Todos los concejales y la ciudadanía de Tandil debe estar alertada del gravísimo acto que se va a cometer. Los más perjudicados serán los empleadores, quienes suponen en la ordenanza una herramienta legar para exonerar sus responsabilidades, pero por el contrario, se quedarán sin el pan y sin la torta", afirmó categórico el entrevistado.

"SE QUEDARAN SIN EL PAN Y SIN LA TORTA"

Se refiere a la pérdida de los beneficios significativos ofrecidos por el Ministerio para solventar una porción de los aportes patronales y facilitar así el blanqueo del personal. Además, serán pasibles de las multas y "van a empeorar su situación", señaló.
"El remedio es peor que la enfermedad", apuntó Schuster, muy crítico de la estrategia municipal.
También lamentó que, mientras muchas comunas están firmando convenios de colaboración con el Ministerio para juntos combatir el empleo irregular, Tandil tendría el "triste privilegio de ser el único que en vez de contribuir con el trabajo en blanco estaría favoreciendo el encubrimiento. Esto sería muy grave", disparó.
Si bien descartó mala intención y aprovechamiento político del conflicto, el director regional sostiene que los ediles "no dimensionaron los riesgos" de la ordenanza que sería aprobada en la sesión del 24 de mayo.
"Estamos a tiempo y tengo la esperanza de que esto no sea aprobado. De todos modos, si sancionan la ordenanza, seguiremos igualmente con las inspecciones", aseveró.
Por otro lado, el entrevistado minimizó la discusión paralela sobre la representatividad de Luis Larsen como delegado normalizador de la Federación de Peones de Taxis, porque "en estos operativos el Ministerio actuó de oficio".
La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, con asiento en Buenos Aires, -añadió- "tendrá la última palabra sobre temas de representatividad. Nosotros no necesitamos que el sindicato venga a denunciar, sí los convocamos para ayudarnos en la tarea de contralor, porque ellos son los que más conocen la actividad".