Nacionales. "El modelo sindical argentino está empezando a crujir"

BUENOS AIRES.- Los dirigentes opositores Ernesto Sanz y Graciela Ocaña advirtieron ayer las consecuencias negativas de presuntos pactos de financiación político de las actividades sindicales y criticaron los aportes estatales "para beneficiar a los dirigentes".

El precandidato radical a presidente Ernesto Sanz afirmó que "el modelo sindical argentino está empezando a crujir y a mostrar la cara de su final" tras las detenciones de dirigentes acusados de cargos graves ante la Justicia.

"Me gustaría que esto estuviera inscripto como el fin de un modelo sindical prohijado por este gobierno y por otros a través de recursos públicos y de una enorme discrecionalidad, y que además han gozado de una larga impunidad durante muchos años, lo que es ya intolerable", agregó el dirigente opositor.

Sanz apuntó al gobierno nacional al sostener que no veía "señales concretas de querer avanzar en la conformación de un nuevo modelo sindical, democrático y transparente, donde los recursos públicos no estén al servicio de los dirigentes, sino de los trabajadores".

El senador por Mendoza manifestó en declaraciones radiales que "la sociedad argentina hoy está reclamando mucha más contundencia de todos nosotros respecto del modelo sindical" y se pronunció a favor del reconocimiento de la personería gremial a la otra central sindical, la CTA.

El gobierno, dijo, "no puede estar al margen" de los procesos de la Justicia y sostuvo que debe "acompañarla desde una actitud activa, pidiendo resultados y tiempos oportunos".

"Desde el Estado se debe luchar contra al impunidad, que quiere decir no permitir que los fondos públicos vayan a alimentar a este sindicalismo y proveer a la Justicia de todos los datos necesarios para que actúe", acotó.

Y, manifestó que "no tiene nada que ver conmigo ni con la UCR el intento de cualquier pacto entre el sindicalismo y la política para tener impunidad, manejar fondos públicos con discrecionalidad y para privilegiar los intereses de los dirigentes por sobre los trabajadores".

Por su parte, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña reconoció que la causa por la llamada "Mafia de los medicamentos" es "muy compleja" y expresó que "evidentemente estamos frente a un sistema que funcionaba como una forma de financiamiento ilegal entre el sindicalismo y la política".

Ocaña volvió a cuestionar la reacción de los gremios y los "aprietes" a la Justicia tras la detención del jefe de UATRE, Gerónimo Venegas al señalar que ello le "produce una profunda preocupación".

En ese caso, recordó, "había una orden legítima de un juez que debe cumplirse y no presionar: Yo sentí que hubo un apriete".

También dijo que "se produjo el mismo apriete respecto a la causa de (José) Pedraza", en alusión a la detención del jefe gremial de la Unión Ferroviaria en la causa por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.