Transporte. El Municipio adelanta fondos a empresas para garantizar los salarios y evitar medidas de fuerza

La decisión se tomó tras un pedido de la Cámara de Transporte, luego de que el municipio ya hubiera depositado, el 2 de julio, $220 millones en concepto de atributos locales. Sin embargo, el retraso en los fondos nacionales y provinciales dejó a dos empresas, la línea Blanca y la línea Amarilla, sin recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones laborales.

"El Intendente me encomendó que nos ocupemos de que no haya medida de fuerza el lunes", explicó Lunghi (h), señalando que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya advertía sobre un paro total si no se cancelaba el 100% de los haberes. "Nos íbamos a quedar sin servicio público de transporte de pasajeros en una época con mucho frío y con el periodo educativo todavía en marcha", agregó el funcionario.

Según detalló el Secretario de Gobierno, la situación financiera es crítica debido a los fuertes atrasos en los subsidios externos. Actualmente, el Gobierno Nacional adeuda $260 millones correspondientes a la tarifa social federal de mayo y junio. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires aún no ha transferido los $159 millones correspondientes al CCP.

"Parece que lo que quieren es que colapse el sistema de transporte público"

Lunghi fue particularmente crítico con la reciente Resolución 40/26 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que pone un tope a los aportes por tarifa social. Al dejar fijos los montos que Nación cubre, cualquier aumento futuro en el boleto plano de Tandil recaerá directamente sobre el bolsillo de los beneficiarios (como jubilados, excombatientes y beneficiarios de AUH), quienes ya no contarán con el subsidio del 55% sobre el valor actualizado. "Parece que lo que quieren es que colapse el sistema de transporte público. En Tandil el 25% de los usuarios (137.000 transacciones en el último mes) reciben ese descuento" y explicó que "si el boleto en Tandil valiera $1000, el usuario pagaría $450 y a mes vencido Nación paga los otros $550, si ese boleto aumenta y pasa a $1500 el usuario pagaría $950 y Nación pagaría $450. Siguen con el Fondo Compensador, pero al interior el dinero no llega y el grupo de usuarios que usa el colectivo para ir a trabajar se ve muy afectado con esta decisión", sentenció.

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Otro de los puntos de conflicto es la brecha entre el costo real del servicio y el valor del pasaje actual. Lunghi señaló que, mientras el estudio de costos municipal arroja un valor de $2.139, y el sector privado pide cerca de $2.500, el boleto actual se mantiene en $1.915.

Esta situación pone en jaque la sostenibilidad del contrato de concesión vigente. "El pliego fue adjudicado con un sistema de subsidios que ya no existe más", advirtió Lunghi, sugiriendo que el marco normativo actual debe ser "reanalizado y rediscutido, ante la imposibilidad de exigir el cumplimiento total de sus cláusulas en este contexto económico".

Finalmente, el funcionario defendió la postura del Ejecutivo local ante las críticas por los aumentos de tarifas, "a nadie le gusta aumentar la tarifa, pero no hay otra manera de sostener el sistema". Por el momento, el municipio ha realizado el acto administrativo para transferir los fondos necesarios y espera que las empresas puedan cumplir con los pagos el lunes para evitar un paro en el transporte.