Locales. El municipio defendió el cobro de la Tasa y analiza que pasos legales seguir

Mientras la oposición esperaba un gesto político de parte del intendente Miguel Lunghi luego del revés judicial sufrido en la misma Suprema Corte de Justicia, el jefe comunal hizo silencio y fueron dos de sus funcionarios los que ensayaron la defensa del cobro del tributo, más allá de la decisión del máximo órgano de Justicia Provincial.
Mientras en medios provinciales aluden a que el fallo puede repercutir en varis comunas bonaerenses, desde el Ejecutivo local se le bajaron los decibeles al lapidario fallo judicial que le deja poco y casi nulo margen de maniobra al Departamento Ejecutivo, más allá de las expresiones del jefe de Gabinete Mario Civalleri y el secretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora, ante la resolución judicial sobre la Tasa de Protección Ciudadana.
No en vano se tomaron todo el fin de semana para salir a responder a la resolución judicial, mientras desde la oposición no dudaron un momento en pedir que con racionalismo se avance en la derogación, que entienden, tarde o temprano se dará desde lo político o lo judicial, entendiendo la total independencia de los poderes como de manera encendida lo pidió en la última sesión la edil Carolina Gutiérrez.
Palabras más, palabras menos, en declaraciones a Artículo 14 de AM1180, Rogelio Iparraguirre, pidió al oficialismo que el declamado republicanismo que pregonan lo pongan en práctica.
Mario Civalleri indicó “reafirmamos el plan de inversión en prevención y protección que hemos puesto en marcha, porque es un compromiso que asumimos ante nuestros vecinos y porque está empezando a dar sus resultados. Por lo tanto, no vamos a desfinanciar este programa. Por eso haremos presentaciones en la Justicia que estamos evaluando y utilizaremos las herramientas que estén a nuestro alcance”.
Della Maggiora explicó que “la tasa en cuestión no está hecha para financiar a la policía bonaerense, si no para financiar el desarrollo un programa de prevención y protección ciudadana específico para Tandil que incluye la red de cámaras, sistemas informáticos, tecnología de prevención y control, capacitaciones de recursos humanos, controles y planes en materia de seguridad vial y hasta programas sociales, como el fondo de acceso a la Justicia para víctimas de violencia de género”.
Indicaron desde el DE “tendremos reuniones esta semana con las máximas autoridades del Gobierno de la Provincia, que siguen con preocupación la resolución judicial. Hay también preocupación en los Municipios que tienen tasas similares y que se han comunicado con nosotros”.
“No hay que mentirle al ciudadano. No se puede hacer demagogia en materia de seguridad. No se puede pedir compromiso y acciones al Municipio en materia de prevención y protección sin que tenga los recursos, o sacándole directamente los recursos”, argumentaron.
Añadieron que “los 30 millones de pesos que enviará la provincia son solo por este año. Y la tasa permite financiar un programa permanente, a mediano y largo plazo, sustentable y que va mucho más allá de una inversión puntual. Son recursos que tendrá esta administración y las que vengan después. Hay que entender que el esos recursos son para el Estado local, que somos todos los tandilenses, y no son de Lunghi o de un gobierno en particular”.
Finalmente plantearon “lo que hay que debatir, y que creemos ya está claro para la mayoría de los ciudadanos, es si los tandilenses queremos tener un programa local integral, claro, que sea una política de estado y con objetivos precisos en materia de prevención y protección ciudadana, o si solo vamos a mirar la problemática como espectadores y con pequeñas acciones aisladas”.