Locales. El Municipio desactivó el cargo de Jefe de Gabinete y la polémica Secretaría Unidad Intendente

En el marco de la elevación del Presupuesto Municipal 2026 al Concejo Deliberante, el Gobierno local presentó lo que definió como "un nuevo esquema de organización del Gabinete", que implica una reducción de la estructura política y una optimización del funcionamiento del Estado municipal.

Esta reestructuración, en sintonía con los cambios anunciados días atrás, contempla la no cobertura de la Jefatura de Gabinete y de las Subsecretarías de Servicios, Obras Públicas y Economía, así como también de la Secretaría Unidad Intendente.

Por otra parte, la Dirección General de Inspección y Habilitaciones pasará a depender de la Secretaría de Protección Ciudadana, mientras que la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana quedó bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

Las modificaciones tienen como objetivo "fortalecer áreas estratégicas, mejorar la organización interna y optimizar el uso de los recursos públicos, integrando y consolidando funciones para brindar una respuesta más ágil y eficaz a los vecinos", según comunicaron oficialmente desde el gobierno local.

En este marco, el organigrama prevé el cambio de denominación de la Secretaría de Gobierno, que pasará a llamarse Secretaría General de Gobierno, incorporando funciones que hasta ahora se encontraban en otras áreas. Asimismo, se prevé la conformación de una Secretaría de Servicios orientada a "optimizar procesos y fortalecer la capacidad de respuesta del Municipio ante las demandas de la comunidad".

Estos cambios, de acuerdo al informe municipal, "se complementan con otras medidas orientadas a profundizar la optimización de los recursos municipales".

Entre ellas, se mencionan:

- El establecimiento de nuevos topes de horas suplementarias, con una primera reducción prevista del 30 % sobre el total.

- La gestión e intimación al pago de la deuda del Estado Provincial con el Municipio, que actualmente asciende a $1.000 millones.

- La gestión e intimación al pago de la deuda del Estado Nacional con el Municipio, que actualmente asciende a más de $500 millones.

- La restricción de las coberturas de personal por jubilaciones y/o renuncias.

"Se trata de una decisión política que pone el foco en la austeridad, la eficiencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, con el objetivo de sostener la capacidad de gestión y continuar dando respuestas a los vecinos en un contexto económico complejo", cierra el comunicado de prensa.