4 de junio de 2013
El flamante fiscal federal de Tandil, Walter Romero, afirmó que en nuestro distrito "hay muchos
casos de trata de personas".
Las declaraciones tuvieron lugar tras el corte de cintas en las nuevas instalaciones de San Lorenzo y 25 de Mayo.
Sus dichos cobran significado en el medio de la polémica por el escándaloso bar "Ekeko", clausurado e investigado por la Justicia por el presunto delito de proxenetismo. El lugar era alquilado por un familiar del senador radical Carlos Fernández.
Ayer al mediodía, con la presencia del fiscal general Daniel Adler, tuvo lugar la inauguración del local. Allí estuvieron presentes dirigentes locales del kirchnerismo, el intendente Miguel Lunghi y su jefe de Gabinete, Marcos Nicolini.
La Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó, ordenó la apertura de una Fiscalía Federal que tendrá jurisdicción en Tandil, Rauch, Lamadrid y Benito Juárez.
"Es un paso muy importante", adujo Walter Romero. Cabe señalar que la repartición había sido motorizada por ley hace 10 años, y recién ayer terminó cumpliéndose la normativa.
El inmueble de San Lorenzo y 25 de Mayo es alquilado por el municipio, mediante un comodato a dos años.
El objetivo es "acercar la justicia a la gente", deslizó Romero, quien empezó su carrera dentro del Poder Judicial como secretario del Juzgado Federal de Paso de los Libres. Luego pasó por Mar del Plata y desde 2012 asumió la Fiscalía de Azul, para luego recalar como subrogante en nuestra ciudad.
La nueva Fiscalía se desenvolverá de acuerdo al diseño de la política criminal elaborada por la Procuración General, haciendo hincapié en los delitos de trata de personas, penal tributario y crímenes de lesa humanidad.
"Conozco bastante la problemática de Tandil, hicimos muchos procedimientos acá. Hay muchos casos de trata, muchas causas en trámite, y existe una deuda pendiente" en torno a la Justicia por la represión ilegal en los tiempos de la dictadura cívico-militar.
Romero afirmó que "es nuestra voluntad llegar el año que viene con un juicio" para develar lo ocurrido en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Tandil durante los años de plomo.
"Los tiempos no sólo dependen del ministerio público fiscal. En estos momentos, tenemos delegada la instrucción de todas las causas por delitos de lesa humanidad, por lo que le ponemos todo el énfasis y las ganas de terminar con los juicios", señaló el fiscalía.
Y agregó que "ciertos trámites dependen de la Cámara de Apelaciones, lo que escapa al Ministerio Público", argumentó el funcionario.
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