12 de marzo de 2012
El año pasado, el Ejecutivo remató 8 lotes y el dinero obtenido debe engrosar el fondo especial de expropiaciones, aunque la oposición ahora pretende saber cuánta plata obtuvo el municipio por dichas ventas, y como se canalizará en la construcción de viviendas sociales, tal el compromiso asumido por la Intendencia.
Así lo dejaron plasmado los ediles del PJ-FPV, quienes el último miércoles, en sesión extraordinaria, metieron una minuta de comunicación para conseguir datos oficiales en torno al producido de la subasta pública.
El fondo está contemplado en la ordenanza 8.311. Y el Gobierno hizo el remate previa autorización del deliberativo.
La bancada kirchnerista pide informes a la luz de la “demanda creciente e insatisfecha de la comunidad tandilense para el acceso a inmuebles destinados a vivienda familiar”.
Del mismo modo, entienden que “la necesidad de la vivienda propia es una realidad transversal a todos los niveles sociales”.
A los concejales de la oposición –según indicaron en la minuta- les llegan “innumerables solicitudes realizadas por particulares y organizaciones intermedias vinculadas al tema, que exigen una acción inmediata por parte del Municipio y su compromiso de incluir la problemática en la agenda política de la ciudad”.
Para los legisladores peronistas, la comuna “cuenta con recursos para poder dar respuesta -al menos en forma parcial- a esta demanda, y con las herramientas necesarias para diseñar una política de vivienda para la ciudad de Tandil”.
También citaron las palabras del presidente del HCD, el radical Juan Pablo Frolik, quien manifestó que la subasta pública de inmuebles “es una forma de generar recursos genuinos para que el Municipio siga comprando tierras para destinar a la construcción de viviendas sociales”.
Por eso solicitan al Ejecutivo que informe el resultado de la subasta de 8 inmuebles realizada el día 17 de diciembre, en el Centro de Martilleros de Tandil. Los lotes en cuestión están ubicados en la zona del Campus Universitario, Ugarte esquina San Juan, Barrio Parque, Cerro Leones, y tres cocheras en avenida Buzón entre San Martín y Pinto.
Por otro lado, buscan saber “la metodología y criterios a utilizar a los efectos de definir las razones de interés público mencionadas en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 8311”. Del mismo modo, insistieron sobre el “saldo disponible en el fondo especial de expropiaciones”.
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