25 de febrero de 2012
BUENOS AIRES.- La ministra de Seguridad, Nilda Garré, rompió finalmente el silencio y aseguró ayer que el banco de datos denominado Proyecto X "no es un plan secreto de espionaje" ni "se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales", mientras que referentes opositores criticaron las expresiones de la funcionaria.
Garré afirmó que el sistema al que definió como "una herramienta informática, no un plan secreto de espionaje", contiene "información de 285 causas judiciales de delitos complejos" y en él "no figuran datos de dirigentes políticos, sindicales, sociales, religiosos ni periodistas", al hablar en una conferencia de prensa.
"Es una herramienta informática, no un plan secreto de espionaje como se ha informado. Sirve para el cruzamiento de información en el caso de los delitos complejos, y es solicitado por jueces y fiscales de todo el país", aseguró Garré tras aclarar que "desde 2009 no se labran datos en Proyecto X" y que "ninguna de las personas identificadas en este proyecto fue investigada por participar en manifestaciones políticas o gremiales".
Aseguró además que ese sistema "informático" fue implementado "a partir de 2002" durante la presidencia de Eduardo Duhalde cuando Miguel Angel Toma era secretario de Inteligencia y que "se utilizó hasta 2009", pero se dejó de emplear "por obsoleto".
Las explicaciones vertidas por la ministra fueron repudiadas y desmentidas por dirigentes de la oposición, algunos de ellos, procesados por haber participado recientemente en cortes de calles y movilizaciones, como la ex diputada nacional del MST, Vilma Ripoll; y también por el diputado Eduardo Amadeo (PJ-disidente).
Amadeo aseguró que "no está claro por qué agentes encubiertos filman manifestaciones opositoras. Si no son de la Gendarmería, será de otros servicios".
Explicó en un comunicado que "fue necesario que los medios independientes y diputados opositores pusiesen este tema a la luz para que el Gobierno hiciese una auditoría, intentando demostrar su legalidad".
Ripoll, por su parte, subrayó: "La desmiento, prueba en mano: a mí me procesaron en base a fotos y videos de la Gendarmería. Se llame o no Proyecto X, llevan una base de datos para criminalizar las luchas sociales y a los dirigentes políticos que las apoyamos".
La dirigente del MST en Proyecto Sur, agregó en un comunicado: "Si Eduardo Duhalde lo hizo, los jueces lo aplican hoy por decisión política de Garré y de Cristina Kirchner".
Por la tarde, tras una breve conferencia brindada por Garré, el PTS y otras fuerzas políticas de izquierda convocaron a una asamblea en el hotel Bauen de esta capital, donde volvieron a repudiar el supuesto accionar de inteligencia de la fuerza de seguridad en distintas movilizaciones en el país, entre ellas, las realizadas recientemente contra la ley antiterrorista y la megaminería.
Castillo acusó a Garré de "estar haciendo una gran maniobra de distracción" con su informe y recordó que "el nombre de Proyecto X no fue puesto por lar organizaciones sociales en la denuncia judicial sino que fue incorporado por el jefe de Gendarmería, Schenone", al admitir ante el juez tareas de inteligencia "previas a una orden judicial".
La polémica surgió a partir de la denuncia sobre supuesto seguimientos a ex trabajadores de la fábrica Kraf que realizaban cortes en la ruta Panamericana en 2009 en reclamo por sus fuentes de trabajo.
"Lo que queda claro es que la ministra autoriza la infiltración encubierta en las manifestaciones", denunció Castillo tras remarcar que ese tipo de accionar "está prohibido expresamente en la Ley de Inteligencia" y acusó a la ministra de "criminalizar las luchas sociales" al "aplicar el artículo 194 del código penal a manifestaciones".
La funcionaria admitió que "la Ley de Inteligencia dice que no se pueden hacer bases de datos de personas, organizaciones, entidades, sobre la base de sus ideas políticas" y aseguró que en las tareas realizadas por Gendarmería "se están analizando delitos".
"Es cuando el juez dice "identifíqueme a los autores de este delito"", dijo en referencia a los informes realizados por la fuerza durante cortes de calles y rutas por parte de manifestantes.
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