Nacionales. El Senado podría sesionar con temas no conflictivos

El Senado realizaría hoy una sesión de tablas con temas "no conflictivos", aunque la reunión puede complicarse por el tratamiento de un informe sobre la Administración de Programas Especiales (APE), que el Frente para la Victoria rechaza.

Incluso una fuente advirtió a DyN que el oficialista bloque kirchnerista optaría por no bajar al recinto si la oposición insiste en tratar aquella iniciativa.
En la reunión de Labor Parlamentaria efectuada ayer con la presidencia de Julio Cobos, los presidentes de los bloques decidieron dejar para el 4 de mayo el tratamiento del nuevo régimen de servicio doméstico, que fue aprobado por Diputados el 16 de marzo pasado.

En caso de sesionar, lo haría desde las 13.30 para tratar la creación de juzgados y fiscalías, aprobar acuerdos internacionales y una iniciativa sobre los alcances de la "declaración de jurisdicción nacional establecida en el artículo 1 de la Ley 14.772 de las redes de distribución eléctrica en diversos partidos del Gran Buenos Aires".

También en la sesión se designará el nuevo prosecretario parlamentario, que sería propuesto por el bloque radical, el ex diputado Luis Borsani.

En tanto, el radicalismo buscará imponer en el recinto el tratamiento del dictamen que la oposición firmó en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas relacionado con la Administración de Programas Especiales , en el que estima que "la Auditoría General de la Nación (AGN) aporta evidencias de posibles mecanismos defraudatorios de las obras sociales para con la APE desde 2002".

Agrega el informe que "se encontraron sobreprecios en la compra de vacunas, falta de control de las prestaciones médicas subsidiadas y rendición de medicamentos con la presentación de troqueles en fotocopia, en lugar de originales", a la vez que deja constancia que "el órgano de control remitió su informe en 2007, pero recién pudo tratarse en la Comisión Mixta con el cambio de autoridades de 2010".

Los senadores que firmaron el despacho de mayoría piden que se deslinden responsabilidades, se determine el eventual perjuicio fiscal y se remitan las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción, y a la Justicia Federal.