Locales. El Sindicato pidió al oficialismo equidad y que sea solidario

Ayer se celebró la sesión del HCD que promovía la utilización de la Banca 21. En esta oportunidad el protagonista fue el Sindicato de Trabajadores Municipales, con Roberto Martínez Lastra como vocero, a modo de coletazo de lo que había dejado la negociación salarial, de la cual saltó nuevamente la cantidad y respectivo costo de la planta de personal político de la gestión lunghista.
Más allá de los argumentos del gremialista, las cartas estaban echadas. La mayoría concejalicia una vez más se mostró disciplinada a los designios del Ejecutivo, sin margen a un debate que, oportunamente mereció atención el año pasado, bajo la misma controversia. Ningún argumento alcanzó antes ni ahora para cambiar una decisión política oportunamente tomada, más allá de las antipatías generadas.
Previo al asunto prometido, los ediles dieron paso a la participación de los mayores contribuyentes, quienes aprobaron incrementos en la tasa unificada de la actividad económica.

PANCHOS Y POCHOCLOS
Entre otras yerbas, se habilitó para crear el tributos a actividades tales como las compañías de seguro, los boliches y hasta la habilitación de los carritos de venta de panchos y pochoclos.
El tratamiento se detuvo en la discusión acerca de la delegación que las bancas hacían para con el Ejecutivo, en tono a la creación de nuevos códigos de tributos. Fue el mayor contribuyente Miguel Ibarlucía el encargado de subrayar la contradicción del radicalismo, que criticaba los superpoderes kirchneristas cuando aquí el lunghismo se tomaba de las mismas prácticas.
El concejal Gastón Morando teorizó sobe la convicción radical sobre el menester, considerando que a su entender no había delegación de facultades ni mucho menos.
Finalmente, llegó el turno de hacer pasar al recinto a Martínez Lastra, quien tal lo oportunamente solicitado utilizó la banca 21 para peticionar al cuerpo que deroguen la iniciativa que a fin de año próximo pasado esos mismos ediles habían aprobado.
Más precisamente se aludía a la norma que engancha los sueldos de los funcionarios políticos a la de la planta de personal estable.
Una vez leído la argumentación sindical (ver recuadro), Mansilla pidió abrir el debate, cuestión que terminó siendo aceptada por la presidencia del HCD, y con un debate repetido acerca de la cantidad y costos del personal municipal el radicalismo terminó rechazando la solicitud gremial.
Algunos gritos ofensivos para con ediles radicales que defendieron la decisión política tomada, algunos chisporroteos ya folclóricos que hacen a la mala relación de hombres que responden a bancas distintas, formaron parte de una sesión entretenida, más allá que su trama como el desenlace era conocido por todos.

La petición gremial
Con respecto a los argumentos esgrimidos por Martínez Lastra, se ratificó la más “absoluta disconformidad” con la vigencia de la ordenanza 10823/07 que regula, entre otras cosas, los salarios de los funcionarios políticos.
Para expresar el rechazo, el sindicalista se tomó de un par de palabras que “se dejaron de lado al aprobar dicha norma: equidad y solidaridad”.
“Le faltó razocinio de quien, sin consultarnos siquiera, -añadió- levantó la mano y dio el voto para que esta ordenanza se aprobara”.
Martínez Lastra recordó que “no importó la bronca de los compañeros que interrumpieron a sesión del año pasado, no les importó tratar de abrir una mesa de diálogo, solo importó cambiar el día de sesión y bajo una fuerte custodia policial vota lo que les había impuesto el Ejecutivo”.
Asimismo, admitió que el “compañero común”, el trabajador de base “no se dio cuenta en ese momento lo que se había aprobado. Recién hoy se está dando cuenta porque comienza a sufrir las consecuencias de esta disparidad, de esta injusticia cada vez que cobra su salario”.
Reseñó al respecto que sólo un grupo de militantes vino a “hacer sentir su postura. Pero no alcanzó, la orden ya había subido. La decisión política estaba tomada”.
Martínez Lastra subrayó que la bancada oficialista, días atrás se había expresado a través de su presidente en medios periodísticos diciendo que no iban a derogar una ordenanza que habían aprobado hace unos meses, que se podía modificar siempre y cuando hubiera argumentos sólidos que posibiliten esa modificación.

LOS ELEMENTOS
Sobre los elementos, entonces, el sindicalista preguntó si no bastaba “la defensa del salario de los trabajadores, la defensa a una distribución de ingresos más justa o la defensa a dejar de ser carne de cañón disponible para una medida de fuerza y que aquellos que nos tratan de impedir la misma son los que más se benefician con nuestros logros”.
“No es un argumento sólido –siguió preguntando- pretender que el personal político no esté enganchado a ninguna categoría del personal de planta, para que el trabajador en su reclamo y lucha no beneficie con sus logros de 3 a 5.5 veces al persona político. Y que en la torta presupuestaria este bien separada la porción del trabajador de planta, de la porción política”.
Martínez Lastra entendió que sería muy útil la derogación para que la población sepa “cuántos son que hacen y cuanto cobran y ante una suba salarial no solo se le eche la culpa al trabajador, ante una eventual suba de tasa”.
“Sabemos que el Intendente tiene la facultad de nombrar a sus colaboradores –reconoció-, pero queremos que la sociedad sepa cuál es el costo político de la ciudad para que no haya excesos y ustedes son los responsables de controlar ese gasto”.
Cerrando, y dirigiéndose a los concejales, pero especialmente de la bancada radical, el gremialista sentenció: “ustedes son un poder independiente. A ustedes entre otras cosas los votó el pueblo para que controlen la distribución de ingresos. Ustedes pueden ser hoy más equitativos, más solidarios, ustedes pueden se hoy garantes de la paz social”.