24 de agosto de 2012
Ayer fue casi un reality show, sin guión, pero con muchos condimentos. El debate se tornó denso, por momentos anodino y con delitos de menor peso en la mira. Pero la acalorada discusión entre el defensor Claudio Castaño y el presidente del Tribunal, Pablo Galli, rompió el molde.
Vehemente, el mediático abogado interrumpió la audiencia en forma casi constante, y sus imprecisas preguntas provocaron una encendida reprimenda de los magistrados, que luego de 3 advertencias, multaron al abogado, obligándolo al pago de 10 jus. Equivale a unos 2.400 pesos, máxima sanción para este tipo de indisciplina.
Castaño presentó un recurso para protestar contra el monto, ya que -entiende- es desmedido para la falta cometida.
Lo cierto es que, con el fin de poner "orden", los doctores Galli, Carlos Pocorena y Agustín Echevarría, le pusieron un límite a la estrategia defensista. "Estamos divagando", "usted no puede obligar a nadie a recordar", "no puede preguntar por todo el parque automotor de Tandil", "debe respetar el uso de la palabra". "tras cientos de advertencias, la multa es la única manera de poner orden”. “Yo soy quien debe dirigir el debate". Estas frases salieron de boca de Galli, ya colmado en su paciencia. El juez también puso límites a las partes -Fiscalía y Defensa- por el permanente pedido de “conste en acta”, que luego hacen más dificultosa la tarea en Casación, pues “si todo es importante, nada termina siendo importante”, explicó la autoridad.
Castaño llegó a decir que si el Tribunal lo multaba iba a considerarlo una “afrenta o una amenaza”. El profesional, con antecedentes en amonestaciones, así redobló la apuesta. Pero con el correr de los testigos, la discusión técnico jurídica bajó de tono. Y como si se tratara de un partido de fútbol, donde “la calentura queda en la cancha”, el defensor y los jueces bajaron el tono de la polémica. Galli respondió al recurso de reposición sosteniendo que van a reconsiderar la multa de 10 jus, y el verborrágico abogado de “Picu” López, cerró la jornada elogiando el reto de los jueces como “paternalista”. Castaño fue más allá: “a sabiendas de que no está entre las facultades de Su Señoría, tal vez una bofetada a tiempo hubiera sido más efectiva”. La salida distendió el clima, que se cortaba con un cuchillo, y arrancó las sonrisas del Tribunal, la policía y el público. El culebrón concluyó así en términos cordiales.
“EL RUMOR ERA QUE GUZMAN LE PEGABA A SU MUJER”
La ronda de declaraciones comenzó con Sonia Rodríguez. Orlando Reyes quería que su padre atestigue para que a “Picu” López le den “más años de cárcel”, según relató. Pero el hombre padece Alzheimer, y además, “no vio nada”, relató Rodríguez sobre aquella pedrada que habría cometido el imputado en Rosello 85.
La testigo también complicó al policía Nicolás Guzmán, denunciante del delito de “amenazas”. Dijo que en el barrio Las Tunitas circulaba el rumor de que el efectivo “le pegaba a su esposa”. Cabe señalar que la Defensa apuntaló con todo sobre el uniformado y su encono especial con López.
DUDAS SOBRE EL SUBSIDIO MUNICIPAL
Elsa Fernández, en tanto, sostuvo que cobró un subsidio de la Secretaría de Desarrollo Social por albergar a López en el garaje de su casa. Pero la ayuda “era personal, y nunca firmé planilla” alguna que formalice el desembolso comunal. Tampoco se constataron las condiciones socioambientales en que vivía “Picu” en esa casa. Para Castaño, esto podría constituir un posible delito de acción pública por parte de Oscar Teruggi y sus colaboradores.
(recuadro)
RECHAZAN “AMENAZAS AGRAVADAS”
El Tribunal Oral en lo Criminal decidió rechazar el pedido del fiscal Damián Borean en torno al agravamiento de la calificación para la causa de “amenazas”, al sostener que la presunta utilización del hierro para amedrentar a las víctimas ya había sido incorporado como prueba en la instrucción del expediente.
(recuadro)
El procedimiento en Baigorria y Bolivia
Picu “huyó” cuando la Policía secuestró las motos robadas
El 16 de marzo de 2011, cayó una comisión policial al domicilio de calle Baigorria y Bolivia. Allí vivían Mauro Cartelle, su hijo Facundo y la novia de éste, Jesica Escalante. Y al momento del procedimiento, estaba de visita en la casa Eduardo Leonardi. El juicio reveló que “Picu” López habría escapado de la morada al percatarse del operativo.
Se presume que el imputado estaba pintando una moto tipo cross robada, para ocultar el aspecto original del ciclomotor sustraído. Lo habría hecho con aerosoles de color “marrón clarito”, aunque la Policía reportó “blanco y dorado”.
Una vecina, Erica Aquino, habría visto la huida de López saltando un paredón de un metro y medio, pero como los efectivos no lo atraparon, temía represalias y decidió no atestiguar. En total, ese día la Policía secuestró 3 motocicletas.
Tanto Leonardi como Escalante dejaron entrever que los vehículos “eran robados”. La jovencita relató: “mi marido –por Facundo Cartelle- me dijo que López le contó que la moto escondida en el patio la había conseguido en un departamento la noche anterior". Y a su vez, Escalante complicó a “Picu”, al agregar que Cartelle “le iba a hacer la segunda pase lo que pase”, es decir, que estaba dispuesto a encubrir a su amigo.
Por su parte, declaró el capitán Angel Ricardo Yubisa, del servicio de Calle policial, jefe del operativo. También lo hizo su hijo, Angel David Yubisa. Ambos son señalados por la defensa como presuntos partícipes de una golpiza a López mediante el uso de autos cíviles, en avenida Perón frente a los monoblocks. Ambos efectivos detuvieron al imputado en varias oportunidades, y aseguraban que el chico constituía un “problema” para la fuerza. “De menor era muy mal educado, no respetaba la investidura policial”, describió uno de los policías. También declaró Roberto Escudero, de la DDI, quien ratificó los términos del procedimiento que hoy complican a López.
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
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