El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela consideró nula la
declaración de la Asamblea Nacional sobre la responsabilidad política del
presidente Nicolás Maduro en la crisis del país, en un nuevo episodio de
pugna de poderes que causó malestar y repudio en la oposición.
El TSJ emitió una sentencia en la que ordena a la Asamblea Nacional
abstenerse de continuar con el juicio político contra Maduro y de dictar
cualquier acto contra la Constitución.
La medida siguió al juicio político en el Legislativo contra Maduro y a la
decisión del TSJ de ratificar a dos rectoras del Consejo Nacional Electoral
(CNE), cuyos mandatos vencieron, cuando los diputados debatían sobre los
posibles candidatos para ocupar las vacantes.
La confrontación de poderes se agudizó después que la oposición anunció que
no volvería a la mesa de diálogo con el gobierno, el cual está facilitado
por el Vaticano, acusando a Maduro de incumplir los acuerdos.
El TSJ informó que la Sala Constitucional se declaró competente para tratar
un recurso impulsado por el procurador general, Reinaldo Muñoz, quien
solicitó a los magistrados que tomaran previsiones para evitar las
actuaciones de la Asamblea Nacional contra la Constitución.
Insistió en que la Asamblea está en desacato a las decisiones del Poder
Judicial, pues no ha retirado formalmente a tres diputados de la región de
Amazonas que han sido cuestionados por el oficialismo, citó DPA.
La Asamblea, con mayoría opositora, aprobó el martes una declaración sobre
la responsabilidad política de Maduro en la crisis, acusándolo de haber
propiciado una ruptura constitucional y la "devastación de las bases
económicas y sociales del país".
El TSJ prohibió en su sentencia a los diputados convocar y realizar actos
que alteren el orden público e instigar contra los otros poderes públicos,
así como otras acciones que estén al margen del orden jurídico. La
sentencia exhortó al presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, a
cumplir y hacer cumplir lo establecido por el TSJ.
Recalcó que los diputados no pueden aprobar resoluciones o actos
legislativos que "resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende,
absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica".