Locales. Elevan a juicio causa del Hipódromo contra ex funcionarios municipales

La causa por supuestas irregularidades en la anterior concesión del Hipódromo llegará en las próximas semanas a juicio, y con el correr de las horas se conocen más detalles de la causa que involucra ahora al empresario Daniel Blanco, pero también a los ex funcionarios Oscar Maggiori y Pedro Espondaburu, y el actual Guillermo Alasia, todos penalmente imputados.
Según el detalle de la causa, los dos ex secretarios, están acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Para el caso del ex director de Vialidad y ahora de Obras Públicas, Guillermo Alasia, la causa está caratulada como "peculado".
En tanto, el ex concesionaro Blanco, que ya debió pagar una multa de 350 mil pesos, está acusado de "fraude en perjuicio de la administración pública (delito continuado) y falsificación de instrumentos públicos reiterados en concurso real".
Desde el ambiente del turf, circulo en las últimas horas, la versión de que podría corresponder un "juicio abreviado". En esa línea, Espondaburu y Maggiori, podrían ser multados con la pena de 2.000 pesos e inhabilitación especial de dos meses. A Daniel Blanco, la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
El detalle de al causa
El texto de la causa, dado a conocer en las últimas horas, señala que "entre el 20 de febrero de 2006 y el 30 de julio del 2014, Daniel Héctor Blanco, dueño de la firma Vista Serrana SA, a raíz de un contrato de concesión firmado por esa empresa presidida en ese momento por Emiliano Daniel Blanco (hijo), el 20 de febrero de 2006 con el Municipio, aparentando para concretar su suscripción contar con una solvencia económica y un capital social integrado superior a los 400.000 pesos exigidos por el pliego de bases y condiciones, cuando dicho capital resultaba substancialmente menor, además de cambiar el objeto social de la empresa con posterioridad a realizar la oferta licitatoria a los fines de readecuar tardíamente la misma, se comprometió a reconstruir durante el plazo de licencia de la concesión en su totalidad la pista hípica y empalizada circundante". 
Entre otros compromisos, también estaba el de "la reconstrucción de la cerca perimetral de todo el predio del Hipódromo, en el plazo de sesenta días a partir que se aprobara el proyecto a presentar por la concesionaria; a reacondicionar el tatersal dentro de los sesenta días de firmado el contrato; a efectuar un completo inventario de las instalaciones, y bienes existentes; a efectuar una inversión de tres millones de pesos en infraestructura al inicio de la actividad incluyendo en esa inversión la compra de 450 camiones de arena para lograr un piso de al menos diez centímetros en todo el recorrido de la pista de carreras, a contratar al menos cinco personas en relación de dependencia, a tener un servicio médico de primeros auxilios durante las horas de practica de jockeys y vareadores; tener un servicio veterinario de primeros auxilios en las prácticas tampoco cumplido; la construcción de una obra de desagüe en todo el predio y calles lindantes, la limpieza de alcantarilla e instalación de la pista, efectuar el riego de pista con herramientas y personal de la empresa, no efectuar espectáculo público sin la correspondiente autorización municipal, no realizar carreras concertadas o cuadreras por estar prohibidas, las cuales, pese a hallarse prohibidas, concretó quedándose con la totalidad de las ganancias obtenidas" y denuncia: "obligaciones todas ellas incumplidas o realizadas en forma extemporánea o parcial".
Pero además, la causa acusa que Blanco "con el objeto de continuar cobrando el subsidio provincial, declaró falsamente en forma verbal y escrita a la autoridad de aplicación municipal local y a la dirección de Loterías y Casinos, haber dado cabal cumplimiento con las obligaciones asumidas, a la vez que durante la totalidad del contrato de concesión, en procura de obtener ese beneficio patrimonial, simuló mediante diferentes engaños y ardides haber cumplimentando dichas obligaciones".
"El imputado debía destinar el 40% (el subsidio) a inversión de infraestructura, tecnología y desarrollo comercial, y el restante porcentaje a premios conforme lo estipulado por el artículo 5º de la Resolución 20/5 de la Dirección Provincia de Hipódromos y Casinos, obligación que incumplió, y para lograr el cobro de este ingreso trimestralmente, efectivizado por la Provincia, falseó la verdad durante todo el tiempo de la concesión en forma periódica y sistemática declarando mendazmente a la autoridad de aplicación cumplir con todas sus obligaciones contractuales como antes se expusiera, y además haber efectuado pagos en premios superiores a los realmente efectivizados, como asimismo haber denunciado como realizadas inversiones en infraestructura, tecnología y desarrollo comercial que no se concretaron realmente, sin acreditar documentalmente los gastos realizados pese a tener una obligación legal de cumplimentar con dicha rendición de cuentas, obteniendo a raíz de todas estas maniobras ilegales un rédito económico importante y provocando a su vez un significativo perjuicio económico al erario público".
Ex funcionarios en la mira
La causa asegura que "entre el 20 de febrero de 2006 y el 10 de diciembre del 2007, Oscar Alberto Maggiori se hallaba a cargo de controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo, y en dicho contexto funcional omitió y retardó efectuar los controles a los que se hallaba obligado, entre ellos, omitió efectuar inspecciones para verificar de esta manera el incumplimiento de la ejecución de las obras y su conservación, exigir al concesionario efectuara en tiempo y forma la reconstrucción y mantenimiento de la pista de carrera, de la empalizada y del cerco perimetral, que colocara el sistema de riego en la pista, entre demás exigencias ya citadas" y agrega que "lo mismo corrió para Pedro Espondaburu en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2007 al 9 de diciembre de 2011".
En cuanto a la imputación a Guillermo Alasia "se encontraba bajo la custodia de los camiones regadores de agua, entre otras herramientas y elementos, los cuales le habían sido confiados al funcionario en razón de su cargo para que los administre y haga prestar el correspondiente servicio público, en forma ilegítima dispuso que en provecho de la empresa Vistas Serranas, se utilizara un camión regador municipal, sustrayéndolo de esta manera del destino para el cual estaba asignado".
"Debido a las directivas impartidas por Alasia, casi en forma diaria, entre el 1 y el 20 de febrero de 2006, y entre el 20 de febrero de 2006 y 2010, los empleados municipales debieron proceder a regar la pista de carreras del predio, siendo solventado tanto el combustible, reparaciones, como los gastos del camión por el erario público", afirma la causa. Fuente:Nueva Era