27 de mayo de 2022

Nacionales

Nacionales. Elevan a juicio la causa por el crimen de Lucas González con 14 policías imputados

La magistrada, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, rechazó todos los planteos de oposición que habían presentado las defensas de los policías implicados y avaló así el requerimiento de elevación a juicio presentado en marzo pasado por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella.

Los tres principales imputados son el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva, todos ellos de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, quienes irán a juicio como presuntos coautores de los delitos de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".

Además, fueron acusados de "tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley".

Los otros acusados son el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos; y el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar.

Además, están el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca.

Todos ellos como presuntos coautores de los delitos de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas".

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