27 de junio de 2025
En los últimos días el Ejecutivo local elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para prevenir, controlar y reducir la contaminación acústica abordando el impacto de ruidos y conductas temerarias en conductores de motos y favorecer la salubridad pública de los vecinos. Se busca tipificar estas acciones como delitos penales.
La intención de las autoridades comunales es sumar medidas
de aplicación concreta a los efectos de lograr un control más efectivo sobre
los ruidos nocivos, contaminación ambiental y riesgos a la integridad física de
conductores, peatones, agentes de control y población en general.
Para eso se busca otorgar un adecuado marco normativo local
que permita a los Jueces de Faltas municipales de dictar órdenes de allanamiento
para disuadir y combatir esas acciones imprudentes, y proteger los intereses
colectivos de los vecinos frente a las consecuencias nocivas del tránsito y las
conductas antirreglamentarias
"El objetivo de esta nueva norma es poder avanzar, más allá
de la legislación existente, en el tratamiento de ruidos molestos, manejo
temerario y picadas en la vía pública producida por motovehículos, y que está
afectando a nuestra ciudad, como a otras localidades de la provincia y el
país", afirmó la secretaria de protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.
A su vez, explicó que "hoy por hoy esas conductas que ponen
en peligro a las personas que las realizan y a terceros, se tratan de
contravenciones y solo en algunos casos se las puede tipificar como delito
penal. Creemos que esta es una situación que necesitamos acompañar con nueva
legislación y cubrir o llenar ese gris. Es decir, poder trabajar para que deje
de ser una contravención, algo penado por las leyes de tránsito provincial o
nacional y pase una órbita penal. Esta ordenanza trabaja en este sentido con el
objetivo de velar por la salubridad pública de los vecinos y con la competencia
y atribución de los Juzgados de Falta poder acompañar procesos que tengan que
ver con allanamiento, secuestro e incluso detención de aquellas personas que
cometan este tipo de acciones en la vía pública y generen desorden público
generalizado en nuestra ciudad".
La máxima responsable de la Secretaría de Protección Ciudadana, agregó que "actualmente se hacen controles conjuntos de tránsito, con operativos a cargo de personal de la Dirección de Control Urbano Vehicular o de las fuerzas de seguridad, en los que sí o sí se necesita detener al vehículo, poder constatar la infracción, labrar un acta y secuestrarlo. Eso genera las peores dificultades, que vemos en muchos casos en los controles, con maniobras muy peligrosas para evadirlos o persecuciones que también pueden generar situaciones potencialmente peligrosas para los participantes o terceros. Por eso queremos trabajar en esto con esta ordenanza, porque si la persona para en el control, se verificará el cumplimiento de lo que exigen las normativas de tránsito. Pero en los casos en los que una persona no se detenga, podremos utilizar todas las herramientas tecnológicas que tengamos, con registros fílmicos, ya sea de particulares, de redes sociales, o de las cámaras de nuestro Centro de Monitoreo, y con ese material fílmico y un informe de la policía departamental o de alguna de las fuerzas de seguridad reconociendo a los actores que vienen llevando estas conductas, los Juzgados de Faltas podrán actuar y librar una orden de allanamiento o secuestro del bien con el cual se realizó esa conducta imprudente o antirreglamentaria, ya sea conducción temeraria, una picada o conducción mediante ruidos molestos con cortes, por citar algunas conductas de ese tipo".
Exposición a los
concejales y autoridades policiales
Este viernes por la mañana, la secretaria de Protección
Ciudadana, Alejandra Marcieri y el subsecretario, Juan Ibáñez, expusieron el
proyecto ante concejales que integran la Comisión de Derechos Humanos, Género,
Garantías y Seguridad del Honorable Concejo Deliberante y autoridades
policiales, con el objetivo de brindar detalles y responder dudas.
En la reunión, que se realizó en el nuevo edificio de
Protección Ciudadana, participaron los concejales Nicolás Carrillo, Guillermina
Cadona, Matías Tringler, Marta Brea, Andrea Pezzi, Maridé Condino y María Luján
Fiego, el Comisario Inspector Roberto Landoni, Jefe Departamental de Tandil y
el Oficial Principal Ignacio Caballero, secretario de la Jefatura Departamental
Tandil.
Luego del encuentro, sobre la propuesta Landoni señaló que
"nos dotaría de otra herramienta fundamental para actuar sobre sobre estas
nuevas prácticas que se viven hoy en día, llevar a cabo otro tipo de tarea más
en lo inmediato, con otro tipo de intervención y con otro tipo de consecuencias
para las personas que las realizan. Por eso creo que sería algo muy positivo".
También indicó que "muchas veces todo lo que tiene que ver
con faltas es la antesala de algunos delitos penales. Atacar desde este lugar
la comisión de estas faltas podría minimizar o favorecer la prevención de otros
delitos penales que suelen estar ligados".
Durante el encuentro con los concejales y autoridades
policiales, los funcionarios comunales no solo brindaron los detalles del
proyecto y sus diferentes artículos, también enumeraron el marco jurídico que
da sustento a la norma, las Facultades de la Justicia de Faltas Municipal y la
Jurisprudencia consultada, con la particularidad de que uno de esos casos se
dio a través de un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar
del Plata, que tiene jurisdicción en Tandil, en el que se confirmó la potestad
de ordenar allanamientos por Juez de Faltas por razones de salubridad.
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