Nacionales. En el país del doble estandar

por Alberto De Arriba (*)

La declinación de Daniel Reposo a la postulación de procurador general de la Nación ante las resistencias de algo más de un tercio de los senadores nacionales de la oposición y su reemplazo por la prestigiosa fiscal Alejandra Gils Carbó, representa un traspié para el gobierno, pero rebate la cantinela opositora de la supuesta baja calidad institucional de la democracia argentina durante la era kirchnerista.

Cuando la oposición consiguió enterrar en 2008 las retenciones móviles en el Senado a través del célebre voto "no positivo" de Julio Cobos, el gobierno de Cristina Fernández sufrió una dura derrota, pero mostró simultáneamente que Parlamento argentino podía contrariar los deseos del Poder Ejecutivo, como ocurre en las democracias con una estricta vigencia de la división de poderes.

La realidad también desmintió a los caceroleros irritados por el síndrome de abstinencia de dólares, que acusan con total libertad y desmesura a la "dictadura K" en las esquinas de los barrios porteños más acomodados, sin que nadie les toque un pelo.

Por el contrario, los adalides de las libertades individuales agredieron durante la semana que termina a periodistas de la agencia Télam, los diarios Tiempo Argentino y Crónica, y los programas de televisión Duro de domar y 6-7-8. Claman por libertades y apalean a quienes las ejercen.

La sonora pero escuálidas protesta fueron estimuladas por los medios electrónicos opositores que habitualmente se rasgan las vestiduras ante la supuesta ausencia de calidad institucional y en relamo de la plena libertad de prensa, pese a que su propias páginas muestran que no sólo pueden opinar lo que quieran, sino operar aviesamente contra el gobierno.

Es inimaginable el estrépito mediático que habría en el país si los agredidos hubieran sido periodistas de los diarios o canales más concentrados. Pero el doble estándar no es nuevo: para esos medios, la justicia funciona con independencia cuando frena el artículo antimonopólico de la ley de servicios audiovisuales, pero está absolutamente domesticada cuando a favor de planteos del Poder Ejecutivo

En algunos sectores del oficialismo existe la sospecha de que los cacerolazos porteños estuvieron alentados a través de las redes sociales por el Pro de Mauricio Macri, que esta semana sufrió un nuevo revés judicial que lo envía sin chances al juicio oral, tal vez el año próximo.

El juez federal Norberto Oyarbide que investiga a Macri por integrar una supuesta asociación ilícita para espiar opositores y familiares, recibió un espaldarazo con la decisión de la Cámara de Casación.

Oyarbide es acusado por el macrismo de ser una herramienta del kirchnerismo para perjudicarlo, pero las investigaciones judiciales parecen avanzar en la constatación de un delito que el Código Penal condena con uno a tres años de prisión no excarcelable.

Las protestas caceroleras se produjeron en paralelo con el lock-out de las patronales rurales que resisten el revalúo inmobiliario sancionado por la legislatura bonaerense, en una flagrante muestra de irresponsabilidad social. Pretenden créditos baratos de entidades oficiales y subsidios para paliar los efectos de catástrofes climáticas, pero rechazan un ajuste moderado del tributo rural tras quince años de congelamiento. Quieren entrar al club, pero no pagar la cuota.

No hace falta hilar muy fino para colegir que la Mesa de Enlace intenta sumar a sectores de la clase media urbana nerviosos por la falta de dólares, con el objetivo de constituir un frente opositor como el que se consolidó contra la 125, pero el gobierno advirtió la jugada e imagina medidas para desbrozar ese potencial frente opositor estimulado por la fiebre verde.

La CTA opositora y la izquierda marcharon simultáneamente a la Plaza de Mayo con reclamos totalmente diferentes, que apuntan en realidad a mejorar el salario de los trabajadores, pero el titular de la central de trabajadores, Pablo Micheli, consideró que las protestas de los caceroleros, aunque con motivaciones distintas , eran "bienvenidas, si sirven para ampliar la democracia".

Pareció más lógico en cambio que Micheli coincidiera con la CGT de Hugo Moyano a la cual convocó a "construir la unidad en la calle y en la lucha". En realidad, el camionero le había ganado de mano, ya que su hijo Pablo advirtió que la semana entrante comenzarían paros sorpresivos para reclamar por un incremento del 30 por ciento en los salarios de los trabajadores del sector.

El porcentaje de aumento reclamado por los camioneros supera el promedio de los incrementos pactados en esta ronda paritaria, que rondan el 22 por ciento, pese a que los gastronómicos lograron un 27 por ciento.

Tras haber sido uno de los más firmes sostenedores del modelo político económico establecido por Néstor Kirchner, Moyano viró decididamente hacia posiciones críticas en medio de las tensiones que genera la inminente renovación de autoridades de la CGT.

Las disputas intestinas llevan a los observadores a estimar que más la unidad que propone Micheli, lo que aparece en el horizonte de la CGT es la posible fractura. Sea como fuere, parecería que el gobierno volverá a enfrentar una cierta "mala onda" durante la semana que viene.

(*): Télam.