23 de septiembre de 2020
Los vecinos también señalan "la falta de adecuada
fiscalización de la actividad", por parte de las autoridades municipales y
mostraron también su malestar por el tránsito de equipos autopropulsados,
conocidos comúnmente como "mosquitos", por dentro de la zona urbana de Gardey.
Acompañaron su reclamo ante la Defensoría, con notas, artículos periodísticos y otra documentación, que ilustran la problemática.
Además, se informó que hay una judicialización del tema por una denuncia en el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Tandil.
Para la Defensoría, "resulta atendible la preocupación vecinal por las aplicaciones de agroquímicos del campo Don Juan, a escasos metros del limite perimetral de la zona urbana de Gardey. Esta situación, inicialmente, atenta contra el derecho de sus habitantes de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación".
La nota de la Defensoría del Pueblo, que lleva la firma de
Gastón Arias, Secretario de Servicios Públicos, Infraestructura y Transporte de
esa entidad, solicita "al señor Intendente Municipal, se arbitren las medidas
pertinentes para resolver el problema planteado por los vecinos de Gardey".
"A tal efecto, sugerimos que el Municipio, ejerciendo las
facultades que le son propias, fiscalice la aplicación de agroquímicos en el
área de conflicto. Para ello, una alternativa adecuada, es la intervención de
un Ingeniero Agrónomo matriculado que verifique, en el lugar, las condiciones
climáticas imperantes (sentido y velocidad del viento, humedad, temperatura)
los productos (volatilidad), principios activos, dosis y concentraciones. Asimismo,
con un fin preventivo, se sugiere al Municipio, incrementar los controles, particularmente,
en la franja de
Por otro lado, se pide que "evalúe, en aras de una mayor
protección para los habitantes, el impulso ante el Concejo Deliberante, de la
creación, por Ordenanza, de las llamadas ?zonas de exclusión?; esto es,
superficies, próximas a las viviendas, donde no puedan aplicarse agroquímicos
de ningún tipo".
Considerando acciones a mediano y largo plazo, "sugerimos
que se elabore una ordenanza acorde a los tiempos actuales, en los cuales se
presentan situaciones técnicas, sanitarias, sociales y económicas que ameritan
actualizar las normativas que regulan la actividad agropecuaria en general y la
vinculada con los agroquímicos en particular. El volumen y calidad de los
trabajos científicos publicados, sobre los daños a la salud y el ambiente que
producen los agroquímicos, la realidad sanitaria y ambiental de las poblaciones
linderas a los establecimientos agropecuarios y las escuelas, nos impone adecuar
las normativas sobre el control y la fiscalización de la producción, comercialización
y aplicación de los productos de síntesis química utilizados para la sanidad
vegetal".
También se refiere que "la Relatoría Especial sobre Derecho
a la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas, en noviembre de 2018,
presentó un informe alertando que en el marco de la agricultura industrial a
gran escala, es esencial que se tome en cuenta el verdadero costo de los
métodos de producción en relación al suelo y los recursos hídricos, como así también
el impacto de la degradación ambiental sobre las generaciones futuras, en lugar
de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a
corto plazo".
"Es evidente que el modelo de producción actual basado en
tecnologías de insumos que maximizan la rentabilidad por encima de los demás
aspectos, ha producido pérdidas en Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires la biodiversidad,
degradación del suelo, deterioro en la calidad ambiental y riesgos para la
salud de la población cercana a las áreas productivas, los centros de salud y
las escuelas, donde la utilización de plaguicidas de síntesis química se
incrementa a tasas geométricas", se expresa entre sus principales consideraciones.
Por último, desde el organismo provincial, consideraron "pertinente,
dejar plasmada nuestra posición en general respecto a la problemática de los
agroquímicos, solicitando se tengan en cuenta los siguientes puntos:
-Favorecer la soberanía alimentaria y contribuir al cuidado
del ambiente y el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, a
través de:
-Redacción de normas con ideas superadoras del actual
paradigma, promocionando y desarrollando sistemas de producción, distribución y
consumo de productos de base agroecológica, priorizando la utilización de
tecnologías de procesos compatibles con el equilibrio ecológico. En esa línea
cabe destacar la reciente creación de la Dirección Nacional de Agroecología en
el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
-Adhesión a la RENAMA (Red Nacional de Municipios y
Comunidades que Fomentan la Agroecología).
-Institucionalizar espacios dentro del Ejecutivo Municipal
que cuenten con profesionales idóneos para la promoción de nuevas formas de
producción compatibles con la salud y el ambiente y fortalecer los mecanismos
de control, fiscalización y seguimiento de todas las etapas en las que
intervengan agroquímicos que sean requeridos para su aplicación, asegurando en
la utilización de los mismos los máximos recaudos para evitar perjuicios a la
salud y el ambiente.
-Tener en cuenta la Ley Provincial de agroquímicos 10699 y
su decreto reglamentario 499, como así también la Resolución 32 de la
Defensoría del Pueblo del año 2011 (Se adjunta una copia). Se adjunta también
un cuadro demostrativo sobre el resultado de un relevamiento realizado por la
Defensoría del Pueblo sobre las diferentes ordenanzas municipales que
reglamentan la temática agroquímicos.
-Convocar a las organizaciones de productores, instituciones
intermedias, asociaciones civiles defensoras de derechos, asociaciones
vecinales, sociedades de fomento y vecinos afectados por el problema planteado,
con el objetivo de obtener consensos que permitan avanzar hacia una sociedad más
justa que garantice la igualdad de derechos a la salud y el ambiente".
"Nos ponemos a su disposición para colaborar en todo lo atinente a los agroquímicos en toda su dimensión, aportando la experiencia de 10 años que tiene la Defensoría, como así también en la redacción de una normativa municipal que contemple su adecuación a las que rigen en la provincia y a la realidad propia del distrito de Tandil y en este caso teniendo en cuenta las particularidades de situaciones similares a las de Gardey", cierra la nota que desde principios de mes, obra en el despacho del jefe comunal.
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