Locales. En Olavarría creen que la Ley de paisaje protegido podría afectar a sus canteras

A pesar de la insistencia de los autores del proyecto que se trata exclusivamente de una iniciativa para las sierras comprendidas dentro de la Poligonal de nuestra ciudad, se hizo público la preocupación de intereses foráneos acerca de lo que entienden sentar un precedente que atenta contra la actividad minera. En efecto, desde Olavarría se hicieron eco de lo que hoy está en manos de los diputados, la ley que declara Paisaje protegido a las sierras donde explotan tres canteras, y ya un diputado del partido adelantó su voto negativo, no sin críticas varias a la propuesta.
El criterio que impera en buena parte de la ciudad cementera es que si bien la ley es específica para Tandil, habría criterios de carácter universal, lo que haría extensible a otro sitios con problemáticas similares.
Según detalló el diario El Popular de Olavarría, las legisladoras locales María Isabel Gainza y Alicia Tabarés habían abierto el debate sobre la posible repercusión que podría tener la aprobación de la legislación para el futuro de la actividad minera en su Partido, y en las últimas horas el diputado provincial Mario Cura aportó su visión sobre el tema.
El legislador olavarriense adelantó su negativa al proyecto que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y se mostró sugestionado por comprender cuál es la premura existente en lograr su tratamiento a la brevedad.
Cura subrayó que que existe gran preocupación en el sector de las pymes mineras locales y recordó que Tandil, de donde surgió el proyecto aludido, se edificó a través del aporte de ese sector de la producción.
En declaraciones radiales, el diputado manifestó su oposición al proyecto, advirtiendo que "le quieren dar una velocidad un poco inusual al tratamiento".
Las dudas del legislador se presentan cuando se reconoce que el expediente “no había sido asignado a la comisión de Minería, cosa que nos llamaba poderosamente la atención". Cura, quien integra dicha comisión, aseguró haber hecho el reclamo correspondiente sin haberlo logrado aún merced al "impulso desde el oficialismo y en la UCR para tratar de sacarlo".
El diario vecino señala en su edición que el “recelo” olavarriense es que finalmente el peso de esa ley se extienda a zonas con la misma particularidad.

REPAROS AL PROYECTO
"Tienen una gran preocupación los productores de Olavarría porque entienden que éste puede ser el primer paso de una segunda intención". Pero a pesar de su negativa a apoyar el proyecto de Auza admitió la necesidad de buscar un equilibrio: "Cuando se habla de paisajes y de posibilidades de turismo es para tenerlo muy en cuenta. Creo que el medio ambiente es un tema que hay que impulsar, hay que trabajar mucho sobre eso, no hay cultura todavía", lamentó.

Cura comparó a Tandil y Olavarría por su similitud en el crecimiento económico durante el siglo pasado y planteó además serios reparos de índole técnica para la aprobación de la ley.
"El proyecto no cumple con todos los requisitos y el respeto por la trayectoria de las empresas, no cumple con algunas leyes y es contradictorio. Esta ley está un poco amparada en una ley provincial anterior, la 12.704. Pero en realidad no cumple con requisito básico, que es la presentación de un estudio ambiental previo, establecido por esa ley anterior", criticó.
El legislador mostró su desconfianza sobre el objetivo perseguido por los autores de la norma y tomó recaudos sobre su repercusión en el erario provincial. "Me llama la atención que un problema que lleva tantos años de análisis y de discusión de problemas y de planteos se quiera sacar de un día para el otro. Estas leyes, que tienen consecuencias hacia delante, de muchos tipos pero fundamentalmente económicas”.
Insistió en que si esta ley prospera “es posible que replique después en otros ámbitos. Hay otro problema: el de las indemnizaciones que les corresponderían a los dueños de las canteras, porque les dan solamente un año para reconvertirse. Esto va a generar planteos judiciales de indemnizaciones por expropiaciones, denominados expropiaciones inversas, que no están cuantificados, de 100 ó 200 millones de dólares, de los cuales se va a tener que hacer cargo la Provincia".
Por último, Cura reclamó mayor responsabilidad al Ejecutivo tandilense para hacer cumplir la legislación vigente. "La Municipalidad nunca ha querido controlar el problema minero en Tandil y tiene las facultades. Hay un fallo de la Corte Suprema de la Nación que la habilita para controlar el cumplimiento de todo el tema ambiental, desde las explosiones, la recuperación del medio ambiente. Hoy se podría hacer con la legislación vigente y no entrar en este tipo de cosas. Pero evidentemente la Municipalidad de Tandil tampoco se ha ocupado; a tal punto que hay cuatro canteras afectadas y una que está clausurada porque no le dieron el registro minero. Si no se cumple con las cuestiones ambientales, se puede recurrir al rigor de la ley y no generar interrogantes hacia delante. Esta ley no se va a poder ni aplicar por las contradicciones que tiene. Y si se llegara a aplicar, el costo económico que va a generar en la Provincia por las expropiaciones inversas es inmenso".