Nacionales. Encontraron trabajadores rurales en condiciones de esclavitud

Unos 120 trabajadores rurales provenientes de la provincia de Santiago del Estero fueron encontrados ayer en una estancia de la localidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, cumpliendo sus tareas "en condiciones ilegales y de esclavitud".

"Se encontraron 120 personas trabajando en condiciones de esclavitud, entre ellos niños, en un campo de Ramallo, como consecuencia de un allanamiento que realizó la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Paula Moretti", informó el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato.

Piumato, que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, precisó que en el lugar del allanamiento -kilómetro 195 de la ruta 9, de la localidad bonaerense de Ramallo, en la estancia Santa Celestina-, continuaba el operativo judicial para detectar las condiciones de trabajo de los empleados rurales de la estancia.

La empresa involucrada en este hecho ilícito es la alimenticia Status Ager SA, productora de semillas de maíz y soja desde 1996.

Télam intentó consultar a la empresa en dos oportunidades, pero sus responsables optaron por no hacer su descargo ante las denuncias.

Según figura en su página de Internet, la empresa posee dos instalaciones de acondicionamiento, emplea a más de 100 personas, y cultiva 6.500 hectáreas anualmente en la Pampa Húmeda y, sus exportaciones a Estados Unidos, Canadá y Europa la coloca como "la empresa líder en exportación de semillas".

Piumato informó que los trabajadores estaban divididos en dos cuadrillas, una de 40 personas y otra de 80, que trabajaban a ambos lados de la ruta 9, a la altura del kilómetro 195, en tareas rurales.

Agregó que estos trabajadores "viven en condiciones de esclavitud y duermen en carros", y que "se sospecha que también podría haber trata de personas, ya que se encontraron micros en los que los trabajadores podrían haber sido trasladados" desde la provincia de Santiago del Estero.

En los últimos quince días, el ministerio de Trabajo y el fiscal Nicolás Rubén Gianorio, titular de la UFI 6 de San Nicolás, realizaron dos operativos en los que también se encontraron personas oriundas de Santiago del Estero que estaban trabajando "en condiciones infrahumanas" en dos estancias del municipio de San Pedro (189 personas en total).

En el marco de estos hallazgos, también se está investigando la posibilidad de la existencia de una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, para establecimientos rurales.

Dos empresas estuvieron involucradas en los dos últimos allanamientos, en el mes de diciembre, una fue la multinacional Nidera, y la otra Southern Seeds Production SA (SSP), a lo que se suma ahora Status Ager SA.

Según dan cuenta los funcionarios de las fiscalías que intervienen en estos allanamientos, los trabajadores duermen hacinados en trailers de chapa, sin baño, sin agua corriente y, en algunos casos, sin luz.

Además, no cuentan con condiciones mínimas de higiene, salud y seguridad para realizar sus tareas.

Las empresas involucradas cuentan, a partir de estos allanamientos, con un plazo de tiempo para presentar la documentación que acredite a los trabajadores y, de no tenerla, se les aplicará una multa de 5.000 pesos por cada uno de los trabajadores contratados en forma irregular.

En la investigación de los dos allanamientos anteriores se pudo comprobar que estas personas trabajaban durante todo el día, sin que puedan abandonar la finca debido a que el camino más cercano está a 15 kilómetros de distancia.

Incluso, en uno de los casos de San Pedro, además de reducción a la servidumbre, se detectó una posible malversación de fondos públicos porque estaban utilizando para alimentar a los trabajadores productos de distribución gratuita que el ministerio de Desarrollo Social de la provincia asigna para atender a los indigentes.

Los trabajadores son trasladados de provincias del interior del país -en especial del norte, como Santiago del Estero-, para la cosecha del maíz, que es habitual a esta altura del año.

La desfloración del maíz es una tarea que debe realizarse totalmente en forma manual.

La representación sindical de estos trabajadores la tiene la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que conduce a nivel nacional Gerónimo Venegas, alineado políticamente con la mesa sindical que respalda la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde.

Repudio de la CGT

La conducción de la CGT, que lidera el camionero Hugo Moyano, repudió y rechazó ayer "toda forma de explotación de los trabajadores" y reclamó "la sanción de los responsables" de generar "esas situaciones".

Un comunicado firmado por el secretario de Derechos Humanos de la central obrera, el judicial Julio Piumato, indicó que "los últimos casos descubiertos en la provincia de Buenos Aires de sometimiento a la esclavitud y trata de personas por parte de empresas rurales, que afecta a humildes trabajadores temporarios, representa una consecuencia aún no resuelta de décadas de explotación".

Agregó que esa explotación "se ha producido al calor de las políticas neoliberales, lo que puso al descubierto el desprecio de la condición humana de los grupos económicos y las familias oligarcas vinculadas con la explotación agropecuaria".

Indicó también que "el Estado debe aún fortalecerse después del desguace de los años `90 y, las organizaciones sindicales, tienen que priorizar por sobre todas las cosas la defensa de la dignidad de los trabajadores, sus salarios y condiciones laborales".

"Esta forma de esclavitud se suma a la explotación de los tercerizados, subcontratados y cooperativas truchas", indicó.

Piumato sostuvo que la situación demuestra "el comportamiento de los medios oligopólicos, que silencian esas condiciones de explotación mientras ponen el grito en el cielo cuando los sindicatos como camioneros y Moyano actúan de manera preventiva para evitar la explotación de los afiliados".

Reseñó que ello ocurrió en "el caso de Siderar o con el personal de las cooperativas truchas de distribución de diarios".

"A los casos de San Pedro se sumaron los de Ramallo en el kilómetro 195 de la ruta 9, donde unos 120 trabajadores santiagueños eran sometidos a esclavitud y padecían condiciones horrorosas de labor", puntualizó la central sindical.

Subrayó que fue "la CGT filial Ramallo la que alertó a la secretaría de Derechos Humanos de la central sindical, que verificó la verosimilitud de la denuncia y se comunicó con el fiscal Rubén Giagnorio, pasando así la causa a la órbita federal".

Piumato aseveró que la fiscalía federal de San Nicolás, a cargo de Paula Moretti, actuó de manera "inmediata y eficiente", desbaratando "la maniobra delictuosa de la empresa Status Ager S.A. en el campo Santa Celestina, en apariencia propiedad de miembros de la familia del ex fiscal Pablo Lanusse".
El sindicalista también elogió "la eficiente tarea de la Gendarmería Nacional bajo el mando del comandante Muñoz, quien auxilió eficientemente la labor de la justicia".

La causa quedó radicada en el juzgado de Villafuerte Russo.

La CGT criticó su actitud, ya que -según Piumato- "se apersonó durante el procedimiento y departió de forma risueña con el ex fiscal Lanusse y su primo, el supuesto propietario, a pesar de semejante explotación y avasallamiento de los derechos humanos".

Villafuerte Russo fue el magistrado interviniente en la nunca esclarecida causa de la muerte de Carlos Menem (h) y fue denunciado por todos los organismos de derechos humanos y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por demorar las causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

Piumato reseñó que "ese juez también tiene a su cargo las causas de Luis Patti, de la muerte del obispo Ponce de León, de los cortes de rutas de la oligarquía sojera y de las muertes por incendios dolosos de los sojeros en la Panamericana, ninguna de las cuales tuvo avances ni responsables porque, la estrategia, es dormirlas para que prescriban".

El sindicalista concluyó asegurando que continúan los procedimientos en Ramallo y zonas aledañas y que la CGT analiza realizar nuevas denuncias, en tanto solicitó que hechos similares o cualquier forma de explotación sean comunicados de inmediato a secretariaddhhcgt@gmail.com.