21 de abril de 2012
BUENOS AIRES.- La decisión de expropiar el 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF provocó ayer la primera represalia formal por parte del gobierno de España, que resolvió limitar el ingreso de biodiesel nacional a ese país, y la propuesta del Parlamento Europeo para que el viejo continente suspenda parcialmente los beneficios comerciales a la Argentina.
Esa avanzada contrastó con las declaraciones prescindentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el G-20, que indicaron que no se expedirán sobre "cuestiones bilaterales" y de la presidente del Brasil, Dilma Rousseff, quien dijo que sus funcionarios no emitirán "opiniones ni juicios de valor" al respecto.
La presidenta Cristina Fernández minimizó los alcances de las medidas contra la Argentina, la atribuyó "a la gran competitividad del biodiesel" nacional y su "bajo precio" internacional, al tiempo que afirmó que "cualquiera sea la decisión soberana que quiera tomar España no la vamos a cuestionar".
Asimismo, la Presidenta salió al cruce de las críticas recibidas por el gobierno de los Estados Unidos y por la Unión Europea, al recordar que ambos son los que "más denuncias tienen en toda la historia" de la Organización de Mundial de Comercio (OMC).
Cristina también citó el artículo 128 de la Constitución española que afirma que "toda riqueza del país en su distinta forma está subordinada al interés general" y reconoce la posibilidad de "intervención de empresas cuando así lo requiera el interés general" para justificar la decisión de expropiar YPF.
En Brasil, en tanto, se reunieron el ministro de Planificación, Julio de Vido, su par de Minas y Energía, Edison Lobão, y la presidente de Petrobras, María das Graças Silva Foster.
De Vido propuso a Petrobrás que aumente su participación en la Argentina, a lo que el Gobierno brasileño dijo que cumplirá "en la medida de lo posible".
De todos modos, el funcionario argentino puntualizó que esa participación no se dará a través de una eventual incorporación de la empresa brasileña en YPF en reemplazo de Repsol.
Si bien la visita de De Vido a Brasilia estaba programada con anterioridad al anuncio del proyecto de ley de expropiación de acciones de Repsol, en el encuentro se abordó la posibilidad de mayores inversiones de Petrobras ante el nuevo escenario, en el que la Argentina se apresta a recibir sanciones de España y la Unión Europea.
En ese sentido, la vicepresidente de Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, informó que se aprobó una "orden" por la cual se limita el ingreso de las exportaciones de biodiesel procedentes de la Argentina.
La Argentina es el principal proveedor de biodiesel a España: el año pasado envío 720.000 toneladas, casi la mitad de las 1,6 millones que importó Madrid a nivel global, lo que generó operaciones por 985 millones de dólares, equivalentes al 34 por ciento de las ventas de Buenos Aires a Madrid en 2011.
Por otra parte, el Parlamento Europeo propuso a la Unión Europea que suspenda parcialmente los beneficios que da a la Argentina en materia comercial, en rechazo a la expropiación "unilateral y arbitraria" de las acciones de Repsol que, indicó "atenta contra el ejercicio de la libertad de empresa y el principio de la seguridad jurídica" y "causa un deterioro del clima de inversión para las empresas de la UE en Argentina".
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