Nacionales. Evitar la impunidad

por Juan Pedro Tunessi (*)

Por estos días se libra una importantísima batalla institucional para evitar que la impunidad se consagre definitivamente como uno de los rasgos mas saliente de nuestra empobrecida democracia.

Resulta ya inocultable que el Vicepresidente de la Nación mintió al negar reiteradamente su vinculo con el titular del Fondo que adquirió la quiebra de la empresa Ciccone y con ello la explicación de sus gestiones a favor de quien seria su testaferro y un grupo de amigos para manejar un próspero negocio, favorecido con jugosos contratos desde el Estado.

Las pruebas y evidencias recogidas por la justicia, mientras que esta pudo actuar, resultan concluyentes. La decisión de la Presidenta fue proteger a su vice y parar en seco la investigación, desplazando al juez, al fiscal y al propio Procurador General de la Nación. La conclusión es lapidaria: la Justicia debe frenar ante el poder, al que no está permitido investigar.

Para sustituir a Esteban Righi, un hombre emblemático del kirchnerismo, ícono viviente del gobierno camporista, cuya etapa forma parte central del relato oficial, se ha remitido al Senado el pliego de Daniel Reposo, un candidato de pobrísimos antecedentes profesionales, impugnado por todo el arco profesional y académico precisamente por su falta de idoneidad para tan importante función, acusado además de adulterar su curriculum y denunciado por ejercer la violencia en la función pública, encubrir la corrupción e influir para la designación de familiares en el Estado.

Reposo exhibe impúdicamente y como supuesto mérito su "adhesión incondicional" al "modelo" sin ocultar su relación personal con el Vicepresidente, a través de los vínculos generados durante su paso por el ANSSES en tiempos de Boudou.

En pocas palabras, el encargado de garantizar una investigación amplia e independiente, es amigo y dependiente de los sospechados en dicha causa.

Su designación no solo representaría una burla a la democracia, que sepultaría cualquier atisbo de independencia de la Justicia, sino que avalaría las condiciones para consagrar definitivamente la impunidad en nuestro país. El artículo 120 de la Constitución Nacional, coloca en cabeza del procurador, nada menos que el propósito de promover "la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad".

La ley 24.946 del Ministerio Público establece como condición para la designación de tan alto magistrado, el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes en la respectiva sesión del Senado.

El 5 de junio se llevará a cabo la audiencia pública en la comisión de Acuerdos de dicha Cámara, donde se leerán las impugnaciones que formulen los ciudadanos y el miércoles 13 de junio tendrá lugar la sesión pública para tratar el pliego.

Apelamos a una ciudadanía comprometida, vigilante y movilizada para impedir el avance de este nombramiento.

La resistencia ciudadana debe llevar a que el Poder Ejecutivo retire el pliego de quien no reúne los mínimos requisitos de idoneidad y cuya designación agrede elementales principios de convivencia civilizada.

Los 16 senadores de la Unión Cívica Radical han comprometido públicamente su voto por la negativa, al igual que otros partidos de oposición, no obstante el Poder Ejecutivo lejos de resignarse, sabemos que apelara a todo tipo de mecanismos para convencer a Senadores que aún no han expresado su posición.

Hay que reclamar posicionamientos públicos, formular impugnaciones escritas dentro de los plazos establecidos, abarrotar el Senado de mails, llamar, enviar cartas y exigir por todos los medios disponibles que se evite un nuevo daño a la República, cuyas consecuencias resultaran nocivas para toda la sociedad.

Se trata de una campaña pacífica, pero firme, que no persigue infligirle un daño a nadie, sino asegurar una justicia independiente, capaz de recuperar la confianza de todo el pueblo, sobre la base de desterrar la impunidad.

(*): Diputado nacional de la UCR.