Nacionales. Eximieron de prisión a las cinco maestras del jardín Tribilín de San Isidro

La medida la tomó el juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, quien le otorgó la eximición de prisión a las cinco imputadas que tiene la causa: las docentes Yanina Gogonza y Noelia Gallardo; la madre de Gogonza, Graciela Di Pascuale; y las dos dueñas del establecimiento, Noemí Núñez y Mariana Buchniv.

Los voceros aclararon que el fiscal a cargo de la causa, Franco Servidio, había solicitado el miércoles pasado la detención de las cinco, y no solo de dos, como había trascendido ayer en los tribunales de San Isidro.

Al otorgarles la eximición de prisión, el juez Sal Lari no llegó a tratar el pedido de detención del fiscal, quien imputa a las docentes por el delito de "abandono de persona agravado".

Fuentes judiciales explicaron a Télam que el juez cree que las imputadas pueden permanecer en libertad durante el proceso, porque no hay riesgo de fuga ni de que vayan a entorpecer la investigación.

El magistrado destaca en su fallo que "la actividad desarrollada (por el fiscal) no alcanza a satisfacer los extremos necesarios para definir el hecho"

Añade que Servidio "debería extremar todas las medidas a su alcance para sumar conocimiento a la investigación, con la premura que el caso exige, antes de requerir encierro como solución a los conflictos penales".

Para Sal Lari, "solo arbitrariamente puede afirmarse como acreditados los extremos objetivos y subjetivos del tipo penal escogido", es decir la calificación de "abandono de persona agravado" que había puesto del hecho el fiscal.

Diego Hernalles, el padre que inició la investigación al colocar un Ipod con grabador en la mochila de su hija al sospechar de que era maltratada, dijo a Télam: "No estamos contentos, tenemos abogados y cuando el abogado tome conocimiento de la notificación del juez le preguntará los motivos de su decisión".

"Me parecería bueno que les tome declaración a las imputadas, que antes de toda decisión ellas le expliquen a la Justicia, y que la Justicia investigue también a los responsables indirectos, como el Estado", destacó Hernalles.

El padre aseguró además: "Tenemos que mirar hacia adelante y ver como sociedad qué nos está pasando, para que el Ministerio de Educación o quien sea intervengan y que esto no vuelva a pasar".

La causa se inició con una denuncia de Hernanes, padre de uno de los nenes que concurría al jardín, quien, ante la sospecha de que su hija era maltratada, colocó un Ipod con un grabador en su mochila, el cual registró todas las voces de las maestras.

El hombre se acercó primero al municipio y luego a la Policía, desde donde se difundieron las grabaciones que causaron indignación en el resto de los padres, quienes al principio no creían que fueran las voces de las maestras las que aparecían en los audios.

A los pocos días de haber efectuado al denuncia, el fiscal ordenó un allanamiento en el jardín, donde secuestró documentación, ficheros y computadoras, al tiempo que revisó la zona de la pileta del establecimiento.

En esa pileta, según los audios, se habrían producido los malos tratos más graves cuando las maestras insultaban a los nenes y los amenazaban y encerraban por no querer estar allí.

TELAM