7 de agosto de 2012
Una causa con ribetes políticos, policiales y sociales empezará a ventilarse hoy en el juicio oral y público a Daniel "Picu" López (19), un joven con amplio prontuario procesado por la autoría de dos atracos.
A las 10 se inaugurará la primera de las 6 audiencias previstas en el cronograma oficial. Será en el recinto del Poder Judicial, sobre calle Uriburu Sur.
En este expediente, el abogado defensor de López, doctor Claudio Castaño, solicitó que declare el propio intendente Miguel Lunghi, así como funcionarios de su gabinete y concejales. El letrado intenta probar que el Estado "abandonó" al chico que según una jueza debía ser contenido por le Estado.
El Ttribunal será presidido por el doctor Pablo Galli,y lo acompañarán sus pares Gustavo Agustín Etchevarría y Carlos Alberto Pocorena. El juez Guillermo Arecha se excusó de actuar porque había rechazado un juicio abreviado. El fiscal será el Dr. Damián Boreán.
El imputado está detenido desde abril del año pasado. El debate comienza hoy y seguirá los próximos 14, 16, 19, 21 y 23 del corriente.
Castaño pretende que Lunghi y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social expliquen porqué desatendieron la orden de la Jueza de Menores de Azul, María Cristina Beaucamp, quien había impuesto una "contención especial" para el chico. Como el municipio no actuó -de acuerdo a la Defensa- "‘Picu’ quedó virtualmente abandonado a su suerte”.
Los robos calificados sucedieron en abril de 2011, con muy pocos días de diferencia. Primero habría asaltado a una empleada de la estación de servicio “Don Rodolfo” y luego a un chofer de remis de la agencia “Alas”.
Se sospecha que López habría usado un arma de juguete. El trabajador del volante aseguró que el malviviente lo hizo poner de rodillas y lo sometió a un simulacro de disparos.
Si el acusado es encontrado culpable, pordría afrontar una pena de entre 3 y los 10 años.
López es un chico con una historia de vida desgarradora, marcada por un calvario familiar, las adicciones, las instituciones de menores, el delito y múltiples entradas a las comisarías. Algunos describen al pibe como el paradigma del fracaso estatal en la contención de menores en riesgo.
En su estrategia jurídica, Castaño planea recaer de lleno contra autoridades del Ejecutivo, y también, sobre el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el macrista Claudio Ersinger.
Por otra parte, el caso resulta de interés público porque se podrían ventilar más anomalías dentro de las oficinas de 4 de abril y Arana, que podrían sumarse a la causa “Hidalgo”, donde se investiga la entrega irregular de ayuda social y el posible delito de “peculado”.
Castaño aseguró que “alguien fraguó la firma de López en los registros del programa provincial Envión?, a donde el chico nunca asistió. Y además, se alquilaron dos casas sin contrato ni nombre de propietario declarado”.
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