17 de marzo de 2026
El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires emitió un fallo sobre la rendición de cuentas del ejercicio 2024 de la municipalidad de Tandil, en el que si bien se aprobaron los estados contables, se detectaron incumplimientos legales, inconsistencias contables y observaciones administrativas que derivaron en llamados de atención a varios funcionarios municipales.
El fallo, fechado el 12 de febrero de 2026, ya disponible en la página web (Tandil), -correspondiente al expediente 4-114.0-2024- analizó el manejo financiero del municipio durante ese período, en el que la administración estuvo encabezada por el intendente Miguel Ángel Lunghi, con intervalos protagonizados por Juan Pablo Frolik y María Haydee Condino.
Al respecto, el sitio "Realpolitik" destacó que "uno de los puntos más relevantes señalados por el Tribunal de Cuentas se vincula con diferencias significativas en el registro del patrimonio municipal, particularmente en la cuenta contable denominada "Edificios e Instalaciones", que incluye inmuebles, estructuras y obras que forman parte de los activos del municipio.
Durante la auditoría, los inspectores detectaron una discrepancia de 395.347.010,17 pesos entre el saldo consignado en el balance general de la comuna y el monto registrado en el sistema de bienes físicos utilizado para el control del patrimonio público.
En otras palabras, los valores asentados en la contabilidad oficial no coincidían con los registros del inventario patrimonial, una herramienta clave para verificar la existencia, valuación y control de los bienes del estado municipal. Según el organismo de control, la diferencia se originó en inconsistencias en los procesos de conciliación entre el inventario de bienes y los registros contables, lo que impidió verificar con precisión la correspondencia entre ambos sistemas.
Frente a esta situación, el Tribunal advirtió que este tipo de inconsistencias puede afectar la correcta valuación del patrimonio municipal, ya que el inventario de bienes públicos es uno de los instrumentos fundamentales para garantizar la transparencia y el control de los activos del estado local.
Manejo irregular del presupuesto y deuda flotante
Otra de las observaciones se vinculó con el tratamiento presupuestario de la deuda flotante proveniente del ejercicio anterior, es decir, los compromisos de pago que el municipio mantiene pendientes al cierre de cada año fiscal. En el presupuesto inicial, la administración había previsto 450 millones de pesos para cubrir ese pasivo. Sin embargo, posteriormente debió ajustar el monto hasta 1.372.724.280,85 pesos, cifra que reflejaba el saldo real registrado al cierre del ejercicio 2023.
El Tribunal de Cuentas determinó que el mecanismo utilizado para modificar estas partidas no respetó el procedimiento administrativo previsto por la normativa presupuestaria, lo que derivó en observaciones formales sobre la forma en que el municipio corrigió la proyección del pasivo.
En términos prácticos, el organismo de control advirtió que la diferencia entre lo presupuestado y el saldo efectivo expone fallas en la planificación financiera y en los mecanismos de actualización del presupuesto municipal.
Pagos y egresos observados
El fallo también menciona irregularidades en órdenes de pago emitidas sin las firmas correspondientes, lo que constituye una infracción a la normativa administrativa municipal. En particular, se detectaron pagos realizados mediante órdenes que carecían de la firma del jefe comunal, lo cual contraviene lo establecido por la ley Orgánica de las Municipalidades y el reglamento de contabilidad vigente.
Si bien desde el área de contaduría se explicó que las órdenes habían sido firmadas por funcionarios interinos con delegación de funciones, la Relatoría del Tribunal consideró que la delegación no estaba correctamente instrumentada, por lo que mantuvo la observación.
Multas y contrataciones bajo observación
El fallo también recupera observaciones provenientes de ejercicios anteriores vinculadas a incumplimientos de contratistas en licitaciones públicas. En ese marco, el Tribunal señaló la falta de constancias sobre el ingreso a las arcas municipales de multas aplicadas por incumplimientos contractuales, correspondientes a las licitaciones públicas 35-01-2023 y 36-01-2023.
Las multas aún se encontraban pendientes de cobro al momento del análisis, por lo que se recomendó continuar las gestiones, incluso en sede judicial si fuera necesario.
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