17 de julio de 2008
El affaire por las horas extras en el Cementerio comunal continúa siendo materia de debate en el seno del HCD, especialmente a partir de un paso significativo que se dio en la causa judicial, procesando al ex funcionario lunghista, y provocando la lógica consecuencia de las repercusiones políticas.
Tal lo detallado en ediciones pasadas, en la última sesión el bloque del FpV presentó en el recinto un proyecto de ordenanza para que el Ejecutivo, en la figura del jefe comunal, se presente en la causa como particular damnificado, considerando, entre otros argumentos, que está en juego el patrimonio del municipio.
La iniciativa pasó a comisión de Interpretación y Asuntos Legales, desde donde en las últimas horas se analizó la solicitud entre todos los bloques y, con algunas modificaciones, correría con suerte la iniciativa opositora.
Por cuestiones de forma, desde el bloque radical se consideró que la iniciativa no merece la forma de un proyecto de ordenanza, dado que no está en las atribuciones del legislativo semejante pretensión, empero, vía minuta de comunicación se aceptará aprobar sugerir al Ejecutivo que sí se presente como particular damnificado, figura legal que permitirá a la comuna interiorizarse e intervenir en el curso de la causa que, de no mediar mayores contratiempos a la brevedad se finiquitaría el proceso tendiente a la requisitoria de elevación a juicio al juzgado de Garantías.
La confirmación recién se haría pública la semana venidera, tiempo de una nueva reunión de la comisión mencionada como la sucesiva sesión ordinaria del cuerpo colegiado. A partir de allí, el Ejecutivo aceptaría el convite y se presentará ante la fiscalía como en su oportunidad lo hizo para con otro escándalo administrativo con ribetes penales como resultó ser el faltante de dinero del tesoro comunal.
“Insistimos con el pedido que el Municipio se presente en la Justicia como damnificado, pero el oficialismo nos dijo que hará consultas al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, que es abogado, y que la semana que viene nos traerán una respuesta”, esgrimió el concejal Mansilla a los medios tras aquella reunión. Es que el oficialismo se quiso hacer de la causa en pos de conocer pormenores del delito que se investiga y, especialmente, los argumentos de la imputación por fraude y falsificación de documento privado que recae en el ex director de cementerio, Carlos Balbín.
“Esperamos la respuesta del martes, pero ni siquiera esto debería ser tratado por el Concejo porque el Ejecutivo debería ir solo a la Justicia. Queremos llegar a la sesión de la semana que viene con definiciones”, consideró el edil justicialista, quien encabezó el proyecto de ordenanza que sostiene que “el mayor afectado de este delito es el patrimonio del Municipio de Tandil, propiedad de todos los habitantes de nuestra ciudad, por lo que el Departamento Ejecutivo, en representación de todos, debe presentarse formalmente en la causa, a los efectos de resguardar sus intereses, solicitando se condene a los autores materiales e intelectuales de los delitos investigados”.
Ahora se aplican nuevos y mayores controles
A propósito de las reacciones en torno a las horas extras, también ahora el Ejecutivo admite la vulnerabilidad de los controles, especialmente a partir de anunciar nuevas medidas tendientes a mejorar y aminorar la posibilidad de irregularidades.
En diálogo con el programa Examen Final de la Am 1560 Tandil, el secretario de Economía, Matías Civale, confirmó que “a partir de lo que nosotros creemos que fueron los hechos empezamos a aplicar algunas herramientas que nos permiten un mejor control”.
Sobre el caso concreto ventilado en el cementerio que ameritó la investigación penal, Civale consideró que “si un capataz planteaba la necesidad de realizar determinada tarea, y esta tarea por determinado motivo no se podía realizar en los horarios habituales, se la planteaba al director y éste las aprobaba, y estas tareas se realizan fuera de las áreas municipales, el que tiene el propio control es el capataz. En ese caso la connivencia de dos empleados de la planta del municipio implicaba que no haya un contralor posterior más allá de corroborar si la obra en cuestión se hacía o no”.
Retomando acerca de las nuevas medidas de control, señaló que como Ejecutivo se han tomado algunas decisiones y se ha enviado a los respectivos directores de área que cada hora extra tiene que venir detallado en una planilla en la que consta quién y cómo se realizan y quién controló estas horas”.
“Esperemos que no pase –aclaró-, pero en realidad cuando hay intencionalidad de empleados de defraudar al superior y ambos se ponen de acuerdo y sobre todo cuando llevan mucho tiempo juntos trabajando, resulta muy difícil crear mecanismos para impedirlo”.
A pesar de ello, reconoció que se han instalado “algunas alertas que nos permitirán observar qué se puede estar haciendo en determinados lugares, pero bueno, la tarea no es fácil. Lo que estamos ahora implementando es profundizar los controles, tener parámetros sobre cuánto tiempo demanda realizar una tarea para que no llamen la atención sobre la razonabilidad en los tiempos que demande una tarea”.
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