11 de mayo de 2014
Luego de casi tres meses de ocupación, se pudo encontrar una solución para el conflicto suscitado con 14 viviendas del Plan Federal de La Movediza, unidades que habían sido ocupadas en febrero.
El arreglo al que se arribó con cada uno de los ocupantes pasó por un aporte de la comuna para quienes podían realizar alguna construcción en terrenos de familiares o alquileres para quienes no contaban con esa posibilidad.
Trabajó en este tema con las autoridades, en representación de los okupas, el defensor oficial Carlos Kolbl, quien asistía a las familas, ante la denuncia penal que había formulado el arquitecto Juan Domingo Ibáñez, responsable de la empresa constructora "Málaga".
La semana pasada, el responsable de la firma adjudicataria de la obra se presentó en Fiscalía a reportar la ocupación de las casas.
El tema había comenzado el 12 de febrero pasado, cuando un grupo de familias irrumpió en el inconcluso barrio de 52 viviendas correspondientes al Plan Federal
Aquella toma, según la firma "Málaga", se dio en medio de pedradas y agresiones físicas al sereno, ataque que también motivó una denuncia policial.
Algunos beneficiarios legítimos de las viviendas se acercaron al predio para meterse a custodiar los que serán sus futuros hogares, ante el temor de más ocupaciones ilegales. Finalmente, las semanas pasaron y otras dos casas fueron intrusadas.
Familias tradicionales, madres solteras y una importante cantidad de menores de edad (una de las señoras tiene 11 hijos) habían elegido terminar con el desamparo cobijándose en las casas cuya edificación administra la Provincia, pero no les pertenecen, pues ya fueron sorteadas y tienen a sus dueños alquilando, a la espera de la llave que les permita el ingreso. En este marco, protagonizan una disputa de pobres contra pobres.
La causa en su momento pasó desde la órbita del fiscal Gustavo Morey al Juzgado de Garantías del doctor Carlos Alberto Moragas, quien a su vez dio intervención al asesor de Menores e Incapaces, Ezequiel Belaunzarán, ante la necesidad de garantizar los derechos de la gran cantidad de pibes alojados en las casas tomadas.
Cabe mencionar que en su momento los ocupantes se habían movilizado a la comuna, para pedir una reunión con el intendente, doctor Miguel Lunghi, con el ánimo de pedir una solución habitacional.
Se estima que ahora los adjudicatarios de los inmuebles tomarán posesión para evitar nuevas ocupaciones que provoquen más problemas, a un barrio que aún no fue concluido.
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