28 de agosto de 2014
En ese sentido, el responsable de la Oficina Regional de Anses, Facundo Llano explicó que “se trata de un convenio de política reparatoria para víctimas del Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 y estamos conformes en articular con todas estas instituciones trabajando en conjunto y en pos de otorgar derechos”.
Añadió que “Anses va a ser el encargado de instrumentar la ley 26913 recientemente implementada por el Poder Ejecutivo Nacional, que otorga una pensión graciable para aquellos detenidos en la época de la dictadura. Y contar con el acompañamiento de estas instituciones hace que la política reparatoria sea más eficiente y que no se nos escapen derechos”.
Junto a Llano, estuvieron la Directora de la UDAI Tandil de Anses, Micaela Herrera, la representante de Memoria por la Vida en Democracia, Petra Marzocca y la Secretaria de Derechos Humanos de la Unicen, María Nazábal y el concejal Pablo Bossio, entre otros dirigentes.
También estuvo presente el fiscal federal Walter Romero, quien señaló que el avance en la puesta en marcha de la ley en nuestra zona “obedece a la preocupación de Anses, Memoria por la Vida en Democracia y la Universidad del Centro para suscribir este convenio que involucra aspectos reparatorios para las víctimas del Terrorismo de Estado y en este sentido el Ministerio Público Fiscal asigna un rol preponderante a las víctimas, plasmado muy recientemente en la creación de un área específica dedicada a este tema”.
“No solo tenemos a nuestro cargo la investigación de los delitos que involucran al Terrorismo de Estado sino que a su vez, le otorga preferencia a la protección integral y reparatoria a las víctimas del Terrorismo de Estado”, manifestó el actor judicial.
Consideró que “es difícil hacer una estimación exacta de la cantidad de personas que puedan ser beneficiadas. Lo cierto es que aún hoy, a más de 30 años de transcurrido el golpe de estado, todavía seguimos recibiendo denuncias de hechos cometidos por la dictadura. Así que sería imprudente hacer una estimación de cuántas personas podrían ser beneficiarias. Con el correr de los días, sabremos fehacientemente cuantos beneficiarios habrá de esta ley”.
LEY DEL RÉGIMEN REPARATORIO PARA EX PRESOS POLÍTICOS
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó el mes pasado que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la ley 26.913 de Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina por la cual “tendrán derecho a una pensión graciable todas aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 hayan sido privadas de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles”.
Los posibles beneficiarios deberán realizar el trámite en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) más cercana a su domicilio, facilitando así el acceso federal a esta pensión. El Formulario necesario para iniciar el trámite está a disposición en las UDAI.
Estos trámites se pueden realizar por derecho propio y en forma personal. Los residentes en el exterior podrán presentar la solicitud ante el Consulado Argentino correspondiente a su domicilio.
La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es el órgano de aplicación del presente régimen, y la ANSES se encarga de recibir las solicitudes de los beneficiarios y efectuar los pagos.
Estas pensiones buscan reparar a aquellas personas que por haber estado detenidas durante el terrorismo de Estado se les afectó su vida laboral y por consiguiente tuvieron una interrupción en sus aportes previsionales.
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