12 de mayo de 2021
El proyecto de Ley enviado por el Gobierno para
establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de
coronavirus en el país obtuvo dictamen de mayoría en el Senado y podrá ser
debatido la semana próxima en el recinto.
La iniciativa, a la que se le podrán introducir cambios
en el momento de su discusión en el recinto, fue apoyada solo por el Frente de
Todos.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria
Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, respaldaron el proyecto de ley
enviado por el Gobierno y afirmaron que las facultades que se propone otorgar
al Poder Ejecutivo "son constitucionales".
Durante un plenario de comisiones del Senado, el oficialismo
adelantó no obstante, a través del jefe de senadores del Frente de Todos, José
Mayans, que si es necesario incorporar modificaciones a la iniciativa se podrá
hacer en la discusión en el recinto, prevista para la semana próxima.
En la apertura de las exposiciones, la ministra Vizzotti
ratificó que "se ha visto una disminución" del crecimiento de casos
de Covid en todo el país como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas
en todas las jurisdicciones.
"Recién ahora en la semana 17 se registra una
disminución que todavía hay que ver la tendencia pero por primera vez en todo
el país y también en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se está
intensificando esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía
con tensión en el sistema de salud", explicó.
Ante los senadores de las comisiones de Salud y Asuntos
Constitucionales, Ibarra, por su parte, consideró que "es un enorme
desafío administrar las restricciones de derechos" en medio de una
pandemia y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para
sancionar una ley que reglamente las medidas para mitigar la expansión del
virus.
La funcionaria declaró que el Gobierno acude al Congreso
"con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco
previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de
acuerdo a la situación en que viven".
"No hay ningún menoscabo de las competencias de
gobernadores, no hay restricción a medidas que ellos tomen", explicó, pero
aclaró que "todas las medidas tienen contexto científico, algunas más
controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de
calificaciones de situaciones de riesgo".
Ibarra aclaró que "no son muchas las delegaciones
legislativas que se generan para el poder Ejecutivo nacional" y sostuvo
que "la mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego
de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas
adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica".
Respecto a las clases presenciales, aclaró que
"todos" desean "tener clases presenciales" pero que
"para poder garantizar ese derecho no se deben desbordar los sistemas de
salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma".
Añadió que todas las medidas que se prevén en este
proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su
momento por facultades delegadas el Presidente de la Nación, "van a tener
que estar sometidas al chequeo de su eficacia".
"Se establece un máximo de 21 días para que se pueda
valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan
prórrogas per se", recalcó, y ratificó que se trata de "medidas
constitucionales".
Las críticas de la oposición
En representación de la oposición, el jefe de los
senadores de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff y la vicepresidenta de la
comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, cuestionaron el
"escaso tiempo" otorgado acercar aportes a la propuesta oficial.
El senador oficialista criticó a la oposición al señalar
que "la estrategia Bolsonaro (por el presidente de Brasil) es la que
quiere aplicar la oposición de cuanto peor, mejor" y le reprochó que
"si hubiese tenido este mismo celo por la Constitución la Argentina no
estaría quebrada como está".
En la ronda de preguntas, los legisladores opositores
recriminaron a las funcionarias la falta de consenso logrado para el envío del
proyecto y la toma de decisiones inconsultas con gobernadores como el jefe de
Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta respecto de las clases presenciales.
El momento de mayor tensión fue cuando Naidenoff
recriminó la diferencia en el registro de casos que, dijo, se observan entre
los datos nacionales y los de algunas provincias como Formosa y las
disposiciones del gobernador de ese distrito, Gildo Insfrán, respecto al
aislamiento de personas sospechosas de padecer Covid.
"Están secuestrando gente, es una barbaridad lo que
dice la ministra", exclamó el senador radical a lo que Vizzotti respondió
que se trata, en algunos casos, de "aislamientos extrahospitalarios"
y le pidió "no faltar a la verdad".
El proyecto
La propuesta del Ejecutivo propone "reglas generales
para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso
obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo
epidemiológico".
En las zonas de bajo riesgo "se aplican las
conductas generales de prevención" y luego, de acuerdo con diversos
criterios sanitarios, que contemplan -entre otros puntos- la incidencia de
casos, se va subiendo en la escala de las medidas.
En lugares designados como "riesgo medio",
aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares.
En aquellos que estén en "alto riesgo, se agrega por
ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta
y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos,
reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación".
"También se plantea medidas adicionales por parte de
los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al
Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta",
señalaron las fuentes.
El estado de "alarma" es caracterizado por la cercanía de una saturación del sistema sanitario.
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