Locales. Funcionarios echaron a choferes de autos testaferrados y se crispa el clima

Al menos dos funcionarios públicos radicales de Tandil retiraron sus vehículos testaferrados del servicio de remises y los choferes quedaron en la calle, situación que crispó el clima en el sector, donde la presión ministerial para el blanqueo del personal sigue arrancando derivaciones que llegan a la médula de la órbita política.
Si bien es vox populi que políticos de la ciudad están explotando autos de su propiedad mediante otros titulares de licencias, la Federación de Peones de Taxis había confirmado el dato a LA VOZ, obviamente, sin poder acreditarlo en la Justicia ante la dificultad que implica probar el vínculo oculto.
Al explotar la polémica por el trabajo ilegal en más de 800 autos de alquiler, debido a los controles del Ministerio de Trabajo, los funcionarios en cuestión habrían decidido abandonar la actividad, puesto que se haría palmaria la incompatibilidad con su responsabilidad en el orden público.
Cabe consignar que fueron los concejales lunghistas los que encabezaron aquella marcha a la Delegación provincial y la cartera laboral nacional, peleando por la "continuidad" del servicio. Y luego se encargaron de estudiar figuras legales alternativas que eluden la relación de dependencia real que existe entre dueños y choferes.
Lo cierto es que la exposición mediática del diferendo pronto podría dejar al descubierto que funcionarios afines a la gestión de Miguel Lunghi -a través de algún allegado- colocaron sus autos en agencias de remises, y durante estos 20 años, nunca blanquearon a su personal.
En las últimas horas, los empleados cesanteados expresaron su profundo malestar al resultar damnificados de una situación que les escapa, y estarían barajando sacar al desnudo esta situación.

LOS 180 DIAS, "IMPENSABLES"
El último lunes, Jorge Schuster, director de la Regional Pampeana del Ministerio de Trabajo, recibió al abogado Martín Bordenave y a un chofer, donde les comunicó que resultará "impensable" otorgar una prórroga de 180 días a los controles contra el empleo ilegal.
Asimismo, el titular de la dependencia se mostró interesado en dialogar con los dueños de agencias y no con los trabajadores, que son los damnificados de la falta de registración.
"Si vienen con un plan de blanqueo, al menos paulatino, se podría rever la situación, pero deben mostrar voluntad de ponerse a tono con la ley", remarcó Schuster.
Schuster, por otro lado, replicó las declaraciones que Matías Civale, secretario de Gobierno, brindó a AM 1560. "Sus afirmaciones son incorrectas", adujo. "Si como dice él, el conflicto no es competencia del municipio, porqué tramitan un proyecto de ordenanza muy cuestionado", sintetizó. Más tarde aclaró que la comuna "puede colaborar y mucho contra el trabajo ilegal".
"Yo tampoco soy un funcionario político como dice, hace casi 40 años soy funcionario del Ministerio. Y jamás dije que vamos a decir que una ordenanza es legal o ilegal, sino que sería eventualmente la Justicia Federal la que se expedirá al respecto", manifestó.
"Lo ilegal no es el contenido de la persona jurídica, sino la finalidad, que abiertamente es encubrir el trabajo ilegal", finalizó.