Locales. Gestiones para que el ex policlínico quede en manos del sector público

Finalmente se blanqueó lo que resultaba un secreto a voces: el poder político local hizo público su voluntad para que el predio del ex policlínico ferroviario, emplazado en el corazón de Villa Italia, quede en manos de la provincia de Buenos Aires, más precisamente como espacio destinado a las dependencias judiciales.
Según se informó desde la jefatura de Gabinete, el intendente Miguel Lunghi solicitó formalmente una audiencia con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Asociación de Abogados de Tandil y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, con el objetivo de plantear la posibilidad de que ese organismo adquiera el inmueble que actualmente es objeto de un litigio judicial y se había previsto una subasta ahora suspendida.
Desde el Ejecutivo comunal se señaló que esta alternativa sería bien vista por distintos actores del Poder Judicial de nuestra ciudad y permitiría destrabar una situación de conflicto que ha paralizado la utilización del predio ubicado en Villa Italia, y que ha generado numerosas quejas en diversas oportunidades por su estado de abandono.
Esta posibilidad supondría, además, “dotar de un lugar acorde y con posibilidades de crecimiento al Poder Judicial de la ciudad, concentrando allí diversas dependencias y actividades, lo que generaría un polo de desarrollo en ese sector de la ciudad”, explicaron desde el Municipio.

UN DOBLE BENEFICIO
Si bien todo quedará supeditado también a la disposición económica que tenga el poder judicial para semejante inversión (ver recuadro), la intervención del gobierno comunal tiene dos intenciones. Por un lado intermediar con los actores judiciales locales en pos de lograr el looby necesario que logre inclinar una decisión favorable, lo que permitirá ocupar un predio hasta la fecha signado por la desidia, a la espera del desenlace del litigio entre los dos propietarios.
De resultar factible que el policlínico pase a manos de la justicia, los juzgados civiles hoy ubicados en la esquina de San Martín y Rodríguez se estarían mudando, y dicho edificio, propiedad del municipio, podría resultar sumamente interesante para la administración comunal en pos de algún trueque y/o ocupación.
No debe escaparse que desde el Ejecutivo se mostró especial interés en interceder en futuras negociaciones con el empresario Armani, propietario del ex banco Comercial (Pinto y Rodríguez), y quien ha pagado una buena parte del ex teatro Cervantes. Tal vez resulte de interés encontrar alguna alternativa vía trueque de propiedades que permita dejan a todas las partes conformes.
Otra de las chances que sigue vigente, pasa por la intención del Honorable Concejo Deliberante para cambiar de lugar de trabajo, habida cuenta de la necesidad de proteger el patrimonio arquitectónico que resulta el palacio comunal. Algunos ya especulan que de efectuarse la adquisición del policlínico por parte del poder judicial, sería posible mudar los bloques concejalicios a la esquina de San Martín y Rodríguez.

Vía expropiación
A la hora de indagar sobre dónde saldrían los recursos económicos para la inversión pretendida, vale destacar que a mediados de mayor se creó un área especializada en planificación para la infraestructura edilicia del Poder Judicial, a partir de la creación de ley de emergencia edilicia. Más precisamente el Alto Tribunal dispuso la creación del Área de Planificación de la Infraestructura Edilicia.
La nueva área, trabaja en coordinación con la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios del Poder Judiciales, que tiene las siguientes funciones:
Relevar las necesidades edilicias actuales y proyectadas de la Administración de Justicia para su consideración en el presupuesto anual.
Elaborar el plan de infraestructura edilicia, de acuerdo a las pautas emanadas de la Suprema Corte de Justicia.
Desarrollar los programas arquitectónicos y recabar antecedentes tendientes al llamado a concurso de ideas, anteproyectos y proyectos para la remodelación o construcción de edificios o complejos judiciales.
Proponer los bienes inmuebles que sean indispensables para emplazar edificios o complejos judiciales, a los efectos de gestionar los recursos necesarios para su disposición.
Generar políticas en materia edilicia y mantener un relevamiento permanente de las necesidades de espacio y las condiciones edilicias.
La resolución se fundó en el documento elaborado por la Suprema Corte “Estrategias para un plan de infraestructura edilicia”, en el cual se describe la crítica situación actual y las necesidades de espacio físico e infraestructura para albergar a las dependencias del Poder Judicial con proyecciones hasta el año 2016, y en la Ley 13.795 que declaró en emergencia de la infraestructura edilicia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
La norma establece que la Suprema Corte, en coordinación con el Ministerio de Justicia provincial, formularán un plan de infraestructura judicial que contendrá la programación de las obras de construcción o ampliación de edificios para el Poder Judicial, así como la adquisición o expropiación de inmuebles, teniendo en cuenta para su elaboración las necesidades edilicias existentes, la innovación tecnológica, los estándares de higiene y seguridad del trabajo y las distintas variables urbanísticas correspondientes a localización de los edificios o complejos edilicios.
En ese orden, a la fecha se están desarrollando los planos urbanos con la ubicación de todos los edificios judiciales propios, alquilados y en comodato, a los efectos de contener la citada información en una base de datos. A ello se agrega el relevamiento de la normativa urbana en cada uno de los municipios, a los efectos de establecer las zonas en las cuales emplazar los futuros complejos judiciales.
La nueva área estará a cargo de un profesional de la Arquitectura o la Ingeniería designado por la Suprema Corte que, además, deberá tener conocimientos generales sobre el funcionamiento del Poder Judicial.