14 de enero de 2012

Nacionales

Nacionales. Gobierno de Macri ratificó en la justicia el aumento del subte

BUENOS AIRES.- El Gobierno porteño ratificó ayer en la Justicia de la ciudad el incremento del 127 por ciento de la tarifa del subte, al contestar los amparos que piden la suspensión del incremento hasta tanto sea discutido en audiencia pública.
El Ejecutivo justificó el incremento de 1,10 a 2,50 pesos el valor del viaje al señalar que no se trata de un aumento sino de una "supresión de subsidios", ya que acordó con el Gobierno Nacional el traspaso del manejo del subte con la mitad de esos fondos que se venían aplicando.
Ese aumento pasó a aplicarse en su totalidad a partir de ayer, ya que venció el plazo de tarifa promocional con el que se benefició hasta el jueves a los usuarios de las tarjeras "SUBE" y "Monedero".
También Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), las otras dos demandadas, ratificaron la suba y pidieron que se rechacen las medidas cautelares de entidades de consumidores, legisladores porteños y el Partido Obrero para que se suspenda el aumento.
El juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, Fernando Juan Lima, tiene previsto resolver el próximo lunes si suspende o avala la suba de la tarifa.
El Gobierno de Macri, a través de la Procuración General de la ciudad, sostuvo que el aumento es consecuencia de la quita de subsidios, los cuales no pueden ser reemplazados por fondos del Ejecutivo porteño ya que no están en el presupuesto de gastos del 2012.
Por otra parte, explicó que la tarifa del subte fijada desde la privatización del servicio supera los tres pesos pero nunca se llegó a implementar por la aplicación de los subsidios.
Respecto de la audiencia para discutir el aumento, el Gobierno, explicaron los voceros consultados, sostuvo que no se debe convocar y que llamó a una para discutir el contrato de concesión y un eventual nuevo incremento, tal como establece el decreto 27 firmado por Macri el 6 de enero.
Esa audiencia se realizará dentro de los 20 días posteriores a que venzan los 90 días fijados por las partes para estudiar los antecedentes técnicos y económicos para la prestación del servicio.
En ese decreto se fijó el aumento de la tarifa del subte y del premetro, que entró ayer en plena vigencia cuando el valor de 2,50 pesos llegó al sistema de tarjetas prepagas.
El Ejecutivo, además, le presentó al juez fotocopias de los dos expedientes que dieron sustento al decreto 27.
Así, las demandadas contestaron los cuatro amparos presentados por la ONG Ciudadanos Libres; otras entidades de consumidores y los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti y Susana Rinaldi, entre otros; el legislador porteño Alejandro Bodart y la ex diputada Vilma Ripoll; y el Partido Obrero, a través de sus dirigentes Néstor Pitrola y Marcelo Ramal.
En las presentaciones reclaman que se suspenda el aumento hasta tanto se convoque a una audiencia pública en la que se lo debata.
En ese marco, Ibarra presentó ayer en la Justicia una planilla con 100 mil firmas de usuarios de subtes que se oponen al incremento.
El juez Juan Lima (es apellido compuesto) tiene plazo hasta el miércoles para resolver pero tiene previsto hacerlo el lunes en virtud de "la urgencia que el caso reviste para la gente", explicaron voceros judiciales.
Agregaron que cualquiera sea la resolución, ya sea suspender el aumento o avalarlo, es apelable a la Sala de feria de Cámara en lo contencioso, administrativo y tributario, y que se mantendrá firme hasta tanto el nuevo tribunal dictamine.
Otros cuatro amparos, tres de ellos de ciudadanos y de la Asociación Centro de Defensa Ciudadana, se presentaron ayer y el juez los acumuló con los ya iniciados para formar un único expediente.
Por fuera de los amparos, Macri fue denunciado por el presidente de la ONG Ciudadanos Libres, José Mangiocalda, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por aumentar la tarifa sin llamar a audiencia pública.

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