Locales. Habrá un plazo máximo de dos años para los procesos penales

Luego de la aprobación el pasado jueves de las leyes que introdujeron cambios en el funcionamiento del Tribunal de Casación y que extendieron a todos los departamentos judiciales de la Provincia el sistema de Flagrancia aplicado experimentalente en Mar del Plata, el gobierno de Daniel Scioli redobló la apuesta y ya empezó a trabajar en una segunda parte de la reforma penal.
La semana pasada, el ministro de Justicia Ricardo Casal adelantó el próximo paso: “avanzar en una ronda de consultas con los sectores involucrados para delinear la reforma integral del Código de Procedimiento Penal”, anticipó.
Explicó Casal que el proyecto en cuestión “es la parte que falta de la reforma, que apuntará fundamentalmente a fijar tiempos razonables del proceso”, algo que “nunca ha sucedido en la provincia ni en el país”.
En ese sentido consideró que “el proceso debe durar dos años; ese va a ser el plazo que vamos a proponer para que sea incorporado en el Código Procesal” para evitar que se sigan repitiendo los excesos de la actualidad, cuando “los procesos en delitos graves duran entre 7 y 8 años”.
Esta segunda parte de la reforma judicial coronará el conjunto de cambios comprometidos por el gobernador Scioli desde los tiempos de la campaña y al asumir el cargo en diciembre pasado, cuando hizo de este tema “una cuestión de Estado”, con la premisa de atender la fuerte demanda de la sociedad por cambios de fondo en la administración de Justicia para luchar contra el delito.
La novedad anunciada por Casal sobrevino apenas unas horas después que el Senado bonaerense, en sesión extraordinaria, convirtiera en leyes, el pasado jueves, el primer paquete de proyectos en el sistema penal impulsados por el Gobierno.
Las 7 mil causas que en los últimos años acumuló sin resolución el Tribunal de Casación Penal consituyeron uno de los principales argumentos esgrimidos para propiciar por ley una reducción en las competencias de ese órgano judicial, que de ahora en adelante sólo recibirá las causas comprendidas en materia criminal.
Según el proyecto aprobado por el Senado provincial, el cúmulo de expedientes demorados serán resueltos por salas “ad hoc” integradas por miembros de las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, que tendrán un plazo de seis meses para dictar sentencia.
El segundo gran proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo provincial y también aprobado en la Cámara Alta, consiste en extender a todos los departamentos judiciales la posibilidad de implementar el proceso de “flagrancia”, que consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión.

ALCANCES LEGALES
La modificación a las competencias del Tribunal de Casación implica que ahora solamente se limitará a revisar las sentencias que juzgan los delitos graves, es decir aquellas emanadas de los tribunales criminales. Los temas correccionales, en tanto, serán ahora revisados por las Cámaras de Apelaciones y Garantías en los Penal.
El senador provincial del FpV, Roberto Ravale, argumentó que “el proyecto reforma la competencia del tribunal, reduciendo funciones del órgano sin alterar la doble vía recursiva que sostienen los tratados internacionales y la defensa en juicio contemplada en la Constitución provincial”.
La nueva ley le otorga mayores atribuciones a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ahora quedó facultada para “limitar el planteo de los recursos extraordinarios que considere dilatorios”, que en la práctica muchas veces redundan en la prescripción de las causas.
Así, el Máximo Tribunal podrá desestimar recursos de apelación en el caso de delitos con penas que no superen los 10 años. Desde la promulgación de la ley, esas apelaciones deberán ser revisadas por las Cámaras de Garantías.
Con relación con el sistema de flagrancia, Ravale afirmó que “es una herramienta más para la Justicia, para que sea más rápida y eficaz tal cual reclama la sociedad”. Este procedimiento es aplicable en aquellos casos en los que se investiguen delitos cuyos autores hayan sido aprehendidos “in fraganti”, en el momento de cometerlos, inmediatamente después o mientras son perseguidos.
El legislador, que es presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, puso como ejemplo del buen funcionamiento del sistema estadísticas del departamento judicial Mar del Plata.
De acuerdo con los datos citados, en el período junio-diciembre de 2005 el 12% por ciento de los casos ingresados eran de flagrancia, y ese porcentaje representaba el 80% de las detenciones producidas en el sistema.
“Nosotros tenemos la obligación de crear los mejores instrumentos para que estas políticas funcionen y den resultados concretos y cuantificables”, consideró Ravale.

La experiencia
marplatense
Este procedimiento comenzó a ser aplicado en el año 2005 en Mar del Plata como plan piloto y con el tiempo se extendió a otros ocho departamentos judiciales, entre los que se destacan Necochea, Junín, La Matanza y San Martín, donde obtuvo buenos resultados porque significó una efectiva solución al congestionamiento de casos en trámite.
Tras manifestar su satisfacción por la sanción de estas leyes, el ministro Casal, aseguró que con la reforma aprobada “el Estado ha avanzado en el auxilio del Poder Judicial para responder a sus problemas”. Y agregó que “el Ejecutivo y el Legislativo están procurando, con esfuerzo y dedicación, brindarle soluciones a la gente”.
Los proyectos en cuestión fueron aprobados con el voto del bloque oficialista del Frente para la Victoria, el PRO y Recrear. La UCR acompañó la iniciativa destinada a generalizar la flagrancia pero votó un texto de la minoría para la reforma del Tribunal de Casación.
Los legisladores de la Coalición Cívica se opusieron a ambas iniciativas y señalaron que “el Ejecutivo está generando una expectativa no real”, porque la sanción de estas leyes “lejos está de solucionar el problema de la inseguridad”.