Locales. "Hay que desterrar la concepción de un derecho aséptico"

La abogada Natalia Salvo será una de las disertantes de la charla denominada "Poder Judicial: la independencia pendiente" que se llevará a cabo el 30 de septiembre, a las 18:30, a través de Zoom y que también integrará el periodista Ricardo Ragendorfer.

Salvo es panelista del programa "Caníbales" (C5N) pero irrumpió en la escena mediática como abogada del empresario marplatense Pedro Etchebest, el primer denunciante del D'Alessiogate, en el marco de una causa contra el fiscal Stornelli, donde se investiga el entramado político, mediático y judicial con fines extorsivos y de amedrentamiento a opositores durante el macrismo.

En esta entrevista, se refiere a algunos aspectos claves que se abordarán en la charla: "la ley siempre es un punto de llegada, materializa luchas sociales o la convicción de una sociedad de que hay algo que tiene que modificarse, pero es sólo un plano a poner en debate", anticipa.

En más de una oportunidad, has planteado la necesidad de una reforma judicial de raíz, es decir, no sólo en términos legislativos, ¿cuáles serían los aspectos claves de ese proceso?

Cuando hablamos de reforma judicial, no podemos suponer o ceñirnos a una mera reforma de la ley. Sin dudas, implica reformas legislativas, pero también está vinculada a otras dimensiones. La falta de credibilidad del Poder Judicial y la crisis que atraviesa a los ojos de la sociedad requieren una modificación no sólo en el plano legislativo; la convicción previa de esa necesidad de reforma y de reencauzar la función del Poder Judicial para la administración de justicia con perspectiva de género, de justicia e inclusión social, con una mirada de progresividad -tal como establece nuestra Constitución Nacional- son algunas de esas dimensiones. Otra muy importante, además de la legislativa y social es la formación académica. Las universidades son usinas productoras de abogados y abogadas, de quienes van a ser parte del Poder Judicial o estarán asesorando a los otros poderes del Estado.

Los abogados y abogadas deben tener una perspectiva no circunscripta o reducida a la dimensión economicista. Nos han enseñado un Derecho puro, aséptico, en donde los padecimientos y contingencias de sujetos y sujetas, aquellas cuestiones sociales o biológicas donde el Estado tiene que estar presente, no están vistas desde la perspectiva del Derecho. Esa visión economicista de un Estado de Derecho genera un estado social y una perspectiva social del Derecho que requiere un cambio, sobre todo en un mundo que se hace cada vez más desigual y donde el derecho tributario o el derecho ambiental -por sólo mencionar algunas ramas- se volvieron cada vez más importantes.

En los discursos de "microclima", la reforma judicial aparece como un emergente indiscutido y perentorio. ¿Qué impacto consideras que tiene en la vida cotidiana de la gente y en los abogados y abogadas de la matrícula, quienes ven al Poder Judicial del otro lado del mostrador?

El hecho de que la sociedad o que algunos de los sectores que construyen sentido común consideren a la reforma judicial como un tema menor o contingente es, justamente, resultado de una discusión de la cuestión judicial desde sectores aristocráticos o académicos, pero nunca articulado con los problemas cotidianos del pueblo. Esa ciudadanía que no conoce sus derechos menos puede ejercerlos o reclamarlos. ¿Cómo llega a la gente la necesidad de reforma? Analicemos lo que sucedió con algunos derechos de mayoría: el acceso a internet con el DNU 690/20 para los servicios de telefonía fija, celular y acceso a internet, un servicio público esencial. Hoy, gran parte del acceso a la cultura, al trabajo y a la educación es a través de los dispositivos electrónicos y del acceso a internet. En muchos países es considerado un derecho humano fundamental. ¿Cómo se dio esta posibilidad? A través de una disposición, de una acción de amparo ante las empresas proveedoras de internet monopólicas. Lo mismo sucedió con la revisación de las tarifas en algunos servicios y el reconocimiento por parte de algunos jueces del derecho al consumidor, que tiene raigambre constitucional a través del artículo 42.

La perspectiva rígida y liberal en la comprensión de los derechos y un Poder Judicial con control de constitucionalidad difuso, donde cualquier juez o jueza puede frenar una medida de gobierno fundándose en criterios rigoristas, impide que el Poder Judicial, ya sea por su acción u omisión, llegue a la ciudadanía.

También has subrayado la necesidad de redefinir el perfil profesional, con una perspectiva social e institucional ¿Qué rol juega el trayecto formativo y académico en esa construcción? ¿Cuáles son los discursos de la academia que deberían revisarse, en ese sentido? 

Cuando hablamos de reforma judicial dijimos que existen diversas perspectivas y dimensiones desde donde analizarla, que no se agotan en una reforma legislativa ni en la sanción de leyes. Mencionamos también la dimensión fundamental de la Universidad como usina productora de abogados y abogadas, entre los que me incluyo. Venimos de una concepción de laboratorio, presuponiendo que el Derecho no está contaminado en términos kelsenianos de la realidad social cuando el Derecho intenta no sólo la coexistencia pacífica en una sociedad sino también la resolución de conflictos, visibilizándolos, observando la desigualdad estructural o real por oposición a la formal que se registran en las sociedades complejas, modernas y actuales.

Esa perspectiva de un Derecho aséptico que se corresponde con una figura de sujeto aséptico sin padecimientos, es una idea fundamental a desterrar. Esa concepción de laboratorio rige en el perímetro de las facultades de Derecho y no, por ejemplo, en la evaluación del sujeto que realizan otras disciplinas como la Sociología, Filosofía o la Ciencia Política. Tenemos que trocar el lugar desde donde se observa ese sujeto, ya sea solo frente al Estado o en sociedad. Todos los derechos tienen que armonizarse porque la tensión inherente en algunos de ellos no tiene que interpretarse en detrimento de los otros, lo que a veces va acompañado, de la tácita sobrevaloración de algunos derechos constitucionales, como el derecho de propiedad o de ejercer una industria lícita respecto al acceso a una vivienda digna o una jornada limitada, que tienen la misma jerarquía en la Constitución Nacional.

Desde la estructura del Poder Judicial se suele afirmar que su independencia es una garantía del ciudadano. ¿Cómo ves esa apreciación desde el ejercicio privado de la abogacía? ¿Qué distorsiones advertís hacia dentro del Poder Judicial y cuáles en sus relaciones con los otros poderes?

Creo, al igual que muchos juristas, que el Poder Judicial es un poder político, construido desde el Estado. Pero esa independencia no supone que quienes integran el Poder Judicial y tienen la facultad constitucional de administrar justicia sean "máquinas" que aplican la ley. Son jueces y juezas con concepciones y lo que se requiere respecto a la independencia del Poder Judicial no es sólo en relación a la no injerencia de los otros poderes del Estado sino también, y fundamentalmente en las sociedades actuales, de los poderes fácticos o de los poderes económicos y mediáticos.

 La ausencia de presión de un juez no significa que esté por fuera de la realidad sino que al momento de dictar una sentencia o de reconocer un derecho tiene que fundarse en lo que consta en la causa. Estamos acostumbrados a que las sentencias o resoluciones de jueces reposen en creencias, convicciones y subjetividades disfrazadas de doctrina. Me parece fundamental que para un juez sea razonable fundarse en las pruebas de la causa, que en derecho penal implica sostener el principio de inocencia hasta la existencia de una condena firme, fundada en pruebas recolectadas que reviertan ese principio, y lo mismo con otras disciplinas del Derecho.

Creo que el Poder Judicial es un poder político, es parte del Estado y que sus integrantes tengan sus opiniones políticas no significa que al momento de ejercer su función para proveer su servicio de justicia dependan de los otros poderes políticos. Se debe garantizar el equilibrio propio de una república y de los pesos y contrapesos con los otros poderes, sobre todo y fundamentalmente, de los económicos.

Periodismo y administración de justicia

La charla es organizada en forma conjunta por el Sindicato de Prensa de Tandil y Azul y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Tandil, con el fin de debatir sobre tensiones, encuentros y desencuentros entre el ejercicio del periodismo y la administración de justicia: el poder de la información, el control y la transparencia de lo que trasciende, desde el ámbito judicial a los medios de comunicación.

El panel será moderado por Diego Araujo (presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Tandil)  y Belén Cotine (secretaria general del Sindicato de Prensa de Tandil y Azul) y cuenta con los auspicios de Cultura UNICEN, Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN), Facultad de Derecho (UNICEN), Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales Departamental Azul, Asociación de Abogados de Tandil y FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa).

Cómo unirse a la charla

Para acceder al link, los interesados podrán solicitarlo a través de Facebook, a la cuenta Sindicato de Prensa Tandil.